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Los presos de la Penitenciaría del Litoral, la más violenta de Ecuador, recibieron el jueves con disparos y granadas a cientos de policías y militares que ingresaron a la prisión para tratar de retomar el control de las instalaciones y trasladar a un nuevo grupo de 417 reclusos.
El enfrentamiento de los reos contra los uniformados dejó un saldo entre estos últimos de 15 heridos, un día después de que el gobierno ecuatoriano decidió reubicar a mil internos en otras prisiones.
El director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Guillermo Rodríguez, confirmó en declaraciones a la prensa que 15 uniformados resultaron heridos durante el ingreso a esa cárcel, 270 kilómetros al suroeste de la capital, para el que se desplegaron 2 mil 600 efectivos entre policías y militares. Durante la tarde y noche del martes enfrentamientos entre presos dejaron dos internos muertos y seis heridos.
El funcionario que está a cargo del sistema penitenciario agregó que la reubicación de reclusos tiene como propósito final poder mejorar la infraestructura, así como “reducir el hacinamiento y con ello dignificar y generar un nuevo proceso en la rehabilitación”.
El presidente Guillermo Lasso añadió un matiz al referirse a la intervención de la cárcel más grande del país y al traslado de “los cabecillas” de las bandas que operan en el interior de las prisiones. ”Este Gobierno no se doblega ante narcoterroristas”, defendió en un mensaje desde su cuenta de Twitter, acompañado de dos fotos en las que se ve a un grupo numeroso de presos tumbados boca abajo en el suelo.
El traslado de mil 2 internos de dos pabellones de esa cárcel comenzó el lunes, lo que durante la madrugada del martes desató cerca de 20 ataques a balazos y con explosivos contra policías e instalaciones de esa institución para presionar al gobierno para que no sean reubicados. Los enfrentamientos terminaron con cinco oficiales y un civil asesinados, todos producto de las balaceras.
Ante ello, el mandatario decretó un nuevo estado de excepción, el sexto desde que comenzó su gobierno en mayo de 2021. La declaratoria incluye un toque de queda desde las 21 horas hasta el amanecer y la limitación de derechos fundamentales y rige en las provincias de Guayas y Esmeraldas, epicentro de las acciones perpetradas presuntamente por organizaciones criminales.
El traslado de presos es una respuesta del sistema penitenciario al hacinamiento en la prisión, de acuerdo con la explicación del Servicio, que indicó que las instalaciones de dos pabellones serán remodeladas y, de ser necesario, demolidas.
Este ente que gestiona las cárceles ecuatorianas precisó que, en la Penitenciaría del Litoral, donde se han perpetrado las mayores masacres entre presos en los últimos dos años, había hasta el fin de semana 5 mil 246 detenidos y que ahora, tras el traslado, quedaron 4 mil 244 reclusos.
Los atentados explosivos provocaron el cierre anticipado de la actividad comercial y la suspensión de las clases presenciales en algunas ciudades, entre ellas Guayaquil y la vecina Durán.
Desde hace dos años las prisiones estatales de Ecuador se han convertido en escenario de sangrientos choques entre grupos rivales de presos, algunos relacionados con carteles colombianos y mexicanos que se disputan el control de rutas y territorios para la distribución de droga a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con cifras del Servicio, el año pasado 316 internos murieron asesinados por sus compañeros. En lo que va de este año ha habido 106 víctimas mortales.
El sistema penitenciario de Ecuador está diseñado para cerca de 30 mil personas, pero hasta fines de septiembre había unos 35.000 reclusos en las 53 cárceles estatales.
