1 de agosto de 2024
Margaret Satterthwaite, relatora especial en la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le expone su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial que propone elegir a jueces y magistrados por voto popular.
“Quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con el paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana”, dice la carta.
“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”.
La relatora de la ONU subraya que esta iniciativa de reforma judicial —que incluye la elección popular de jueces y magistrados— rompe con los estándares internacionales para nombramientos y selección de impartidores de justicia.
“El derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento. Aun así, este exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva”, señala el documento.
La carta agrega que “los Estados deben adoptar medidas específicas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones, incluso a través de la adopción de procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción”.
Margaret Satterthwaite advierte que la reforma judicial impactaría el funcionamiento de la judicatura mexicana al someter a elección popular a jueces y magistrados, ya que fácilmente podrían superponerse a los méritos objetivos de un candidato.
“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, dice la carta.
La Relatora pide al presidente que “indique las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en el país, permitiéndoles ejercer sus funciones de forma libre de interferencias de otros poderes” y que señale también las medidas que se tomarán para asegurar que el Poder Judicial cuente con los medios necesarios para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, incluyendo las más vulnerables.
