01 de agosto de 2024
Al rendir su informe de labores, el presidente magistrado, José Arturo Salinas Garza hizo un llamado para dejar atrás las confrontaciones políticas y trabajar por Nuevo León, se mostro a favor de una reforma judicial pero en contra de la elección de los integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular y dio a conocer los avances en los sistemas implementados para hacer que la justicia sea pronta y expedita, como es el uso de la inteligencia artificial.
“Nunca imaginé que la confrontación podría llegar a afectar a miles de familias de empleados del Poder Judicial, de otros poderes y de organismos autónomos con la retención de los recursos necesarios para el pago de la nómina.
“La retención de los recursos necesarios para el pago de las nóminas es solo un reflejo de la crisis política que atraviesa Nuevo León caracterizada por la confrontación y la falta de diálogo entre poderes, organismos autónomos y gobiernos municipales”, puntualizó.
El magistrado explicó que la falta de un presupuesto aprobado para 2024 ha obligado a todos los poderes y organismos autónomos a operar con el presupuesto de 2023, lo que ha reducido los recursos disponibles y ha complicado la prestación de servicios al público.
“Como autoridades que somos el llamado es muy simple: Cumplamos la Constitución y las leyes que de ella emanan. En el Poder Judicial con todo y estas limitantes, hemos puesto al ciudadano en el centro de las decisiones diarias brindando servicios de calidad”, aseveró.
Al hacer referencia a la reforma judicial que se plantea a nivel nacional, Salinas Garza considero que esta medida podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial.
“En mi opinión, la elección por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal y al de los estados. El compromiso con la ciudadanía indica que el juez deberá actuar con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley”, afirmó.
El magistrado pidió a los legisladores que, al considerar la reforma, se garanticen en la Constitución los derechos de los jueces actuales, asegurando así la estabilidad y seguridad en su función. “Es importante que las personas juzgadoras que hayan sido designadas antes de la reforma no puedan ser removidas del cargo de manera abrupta. Se debe considerar una sustitución gradual, solo para las plazas vacantes, y reconocer los derechos adquiridos”, concluyó Salinas Garza.
El magistrado concluyó su intervención haciendo un llamado a la unidad y al compromiso conjunto para mejorar el sistema de justicia, subrayando que el Poder Judicial de Nuevo León cuenta con el apoyo de sus 2,500 servidores públicos para mantener una justicia de calidad en estos tiempos críticos.
