Con el fin de que todo aquel funcionario o servidor público que participe en un acto de corrupción reciba un castigo ejemplar, la bancada de Movimiento Ciudadano propuso la creación de la figura “muerte civil” para inhabilitar de por vida en desempeñar algún cargo público.
Samuel García y Mariela Saldívar presentaron una iniciativa de reforma Código Civil Federal para que todos aquellos funcionarios que participen en actos de corrupción se le inhabilite de por vida, que le impida volver a desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como participar en adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
“Es una figura que ya muchos años ha sido debatida si pudiera ser o no incorporada a nuestro marco jurídico y creemos que hemos encontrado el cómo sí. ¿De qué se trata la muerte civil? Como lo dice la exposición de motivos es la muerte para funcionarios públicos que hayan cometido corrupción sin importar el monto, sin importar si van o no a la cárcel, basta con que haya una resolución administrativa o penal de que hayan caído en cualquier hecho o acto de corrupción para que se les inhabilite de por vida”, expresó Samuel García.
Expresó que para que pueda entrar en vigor esta figura se necesita reformar el Código Penal Federal, por lo que se propone modificar el artículo 212 del Código Penal y el paralelo del Código Penal del Estado, para que en cualquiera de los supuestos de corrupción, de manera adicional y obligatoria se impondrá a los responsables, cualquiera que sea su carácter o cargo, la destitución e inhabilitación de por vida.
Por su parte Mariela Saldívar señaló que cuando se sanciona a un funcionario a nivel federal sí puede desempeñarse en otro cargo de índole estatal o municipal, por lo que con la “muerte civil” quedaría inhabilitado en todos los niveles de gobierno.
“En este cauce, nuestra bancada, está proponiendo la muerte civil a manera de pena que deben sufrir los indignos, es decir aquellos funcionarios que habiendo protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución, caen en actos de corrupción que no solo lo degradan en lo personal, sino que degradan también al ente público al cual representan.
