25 de septiembre de 2024
En una reciente sesión del Congreso del Estado de Nuevo León, a propuesta de la Diputada Armida Serrato Flores, se aprobó un exhorto dirigido a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El objetivo es investigar los contratos de construcción de las líneas del metro, en particular, aquellos otorgados a proveedores favoritos y la posible triangulación de fondos públicos realizada por el Gobierno Estatal.
Durante su intervención, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso su preocupación acerca de las condiciones bajo las cuales se asignaron los contratos que suman más de 5 mil millones de pesos a Grupo Gentor, una empresa vinculada a la constructora Mota-Engil México, responsable de las obras de las líneas 4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Metro. Serrato Flores sugirió que estas asignaciones estarían relacionadas con una red de pagos y conexiones hacia la firma jurídica dirigida por el Gobernador Samuel García y su padre.
“Los pagos y facturas de la empresa North American Heavy Equipment (NAHE), operada por Sergio Dávila González, también deben ser investigados. Esta compañía ha recibido al menos 128.3 millones de pesos del despacho legal de García, justo después de que se asignara a Mota-Engil la construcción de las nuevas líneas del metro”, señaló la diputada en tribuna.
Serrato Flores urgió a las autoridades competentes a profundizar en las transacciones realizadas por el Gobierno de Samuel García hacia el Grupo Gentor y la constructora Mota-Engil, y advirtió que, de encontrarse elementos que configuren delitos, se debe proceder contra los responsables.
“Las empresas y sus transacciones están interconectadas, sugiriendo posibles conflictos de interés y prácticas cuestionables en la asignación de contratos públicos. Esta evidente práctica de corrupción en contra del pueblo de Nuevo León debe ser investigada hasta las últimas consecuencias”, agregó.
La legisladora también destacó la relación entre los proveedores cercanos al Gobernador y un terreno de 17.6 hectáreas ubicado en San Pedro, que fue objeto de pago por parte del gobierno estatal.
Finalmente, la Diputada Serrato crítico las declaraciones del Gobernador García, quien a menudo defiende la legalidad de su gestión a través de redes sociales. “Me pregunto, ¿qué lo hace estar libre de que el dinero se está triangulando a su beneficio?”, cuestionó.
Con la aprobación unánime de esta medida, el Congreso ha enviado un claro mensaje sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos en Nuevo León.
