12 de noviembre de 2024
La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Aile Tamez de la Paz, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra Abraham Vargas Molina, actual Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público. La denuncia surge a raíz del incremento en las tarifas del transporte público en el estado, que la legisladora considera fue aprobado de manera irregular.
El pasado 5 de noviembre, en el Periódico Oficial del Estado, se publicó un Acuerdo firmado por Vargas Molina en el que se crea un nuevo esquema denominado “Rutas Exprés Integradas”, que involucra la reclasificación de las rutas urbanas tradicionales. Según Tamez de la Paz, este acuerdo oculta un incremento de tarifas, ya que las tarifas se fijarán en $15 pesos, un aumento del 25% con respecto a los $12 pesos actuales.
“Lo que en realidad se está haciendo es un aumento disfrazado, porque esta reclasificación de rutas tradicionales a ‘exprés’ tiene como consecuencia un incremento en la tarifa del transporte público. La nueva tarifa de $15 por tarjeta representa un aumento significativo para los usuarios, sin haber pasado por el proceso legal adecuado”, indicó la legisladora.
Aile Tamez destacó que Vargas Molina no tiene la facultad para decidir sobre la política tarifaria, ya que esa competencia es exclusiva de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad. La diputada recordó que, como presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, tiene un asiento en dicho organismo, pero señaló que no se ha convocado a una sesión para analizar y aprobar este tipo de decisiones.
“Exigimos que se sancione al funcionario y que se dé marcha atrás a este ‘tarifazo’. Es fundamental que se respete la ley, y no podemos permitir que se tomen decisiones sin el debido proceso legal, perjudicando a los usuarios del transporte público”, subrayó Tamez.
La diputada afirmó que la acción de Vargas Molina puede constituir un acto de ejercicio ilícito del servicio público, ya que el acuerdo que firmó para implementar el aumento a la tarifa del transporte público no siguió el procedimiento estipulado por la ley, lo que afecta directamente a los ciudadanos.
“Es claro que el incremento de tarifas es una competencia exclusiva de la Junta de Gobierno, y no del director general. Este aumento no fue aprobado por el órgano correspondiente, lo cual es un claro incumplimiento de la ley”, concluyó Tamez de la Paz.
