CEDHNL señala avances en infraestructura, pero persisten violaciones a derechos humanos en salud y alimentación
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), presidida por Susana Méndez Arellano, presentó en conferencia de prensa los resultados del Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2024 (DESP 2024), elaborado con base en estándares internacionales de derechos humanos y legislación nacional. La presentación se realizó en la Sala CEDHNL, destacando tanto avances como áreas críticas en el sistema penitenciario.
Metodología del diagnóstico
El DESP 2024 combina enfoques cualitativos y cuantitativos, abordando cinco ejes fundamentales: integridad personal, estancia digna, reinserción social, gobernabilidad y atención a grupos prioritarios.
El informe se construyó a partir de:
- 2,575 encuestas aplicadas a personas privadas de la libertad.
- Cuestionarios dirigidos a autoridades penitenciarias.
- Observaciones realizadas por personal de la CEDHNL en visitas a los Centros de Reinserción Social (CERESOS).
Principales observaciones
Infraestructura:
Aunque se identificaron avances en la reducción del hacinamiento, especialmente en el CERESO 2, persisten problemáticas graves relacionadas con la salud y la alimentación.
Derecho a la salud:
Entre 2021 y septiembre de 2024, la CEDHNL recibió 462 quejas, siendo las más comunes:
- Insuficiencia de personal médico y falta de medicamentos.
- Retrasos o negativa para trasladar a pacientes a hospitales.
- Limitada capacidad de atención: solo 15 a 25 consultas diarias por centro, insuficientes para la demanda.
Casos críticos incluyen pacientes con cáncer, VIH y otras enfermedades que requieren atención urgente, poniendo en riesgo sus vidas.
Alimentos:
Las personas privadas de la libertad reportaron problemas graves en la cantidad y calidad de los alimentos:
- En el CERESO 3 Oriente, el 86% consideró insuficiente la cantidad de alimentos.
- En el CERESO 2 Norte, el 73% señaló falta de variedad y ausencia de frutas.
Llamado a las autoridades
La CEDHNL urgió a las autoridades penitenciarias a garantizar el derecho a la salud y alimentación, destacando la necesidad de acciones inmediatas para cumplir con los estándares de derechos humanos. Aunque reconoció avances en infraestructura, subrayó que la dignidad humana sigue siendo vulnerada.
