Monterrey, NL.– Ante las quejas por el reciente aumento en las tarifas del transporte público y la implementación de un sistema exclusivo de pago electrónico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), presidida por Susana Méndez Arellano, emitió la medida cautelar MC 01/2025, buscando proteger los derechos de los sectores más vulnerables de la población.
La queja fue presentada por la “ONGS Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros” junto con ciudadanos afectados. Según Méndez Arellano, estas modificaciones tarifarias afectan gravemente a personas adultas mayores, con discapacidad, migrantes y comunidades indígenas, al no considerar las condiciones económicas ni el acceso limitado a tecnologías.
“Los acuerdos que sustentan estos cambios no contemplaron una evaluación adecuada del impacto social. El aumento en las tarifas y la exclusividad en los métodos de pago desatienden las realidades económicas y tecnológicas de amplios sectores de la población”, destacó la titular de la CEDHNL.
Además, la comisión señaló que las condiciones del transporte público en el área metropolitana de Monterrey son deficientes, con unidades deterioradas, frecuencias irregulares y falta de capacitación de los operadores. Datos de la Recomendación General 009VG/2024 revelan que, durante la actual administración estatal, se registraron 245 personas lesionadas y 11 fallecidas en accidentes relacionados con el transporte público.
La medida cautelar MC 01/2025 busca prevenir violaciones irreparables a derechos fundamentales como la movilidad, la dignidad, la salud, la educación y el trabajo, instando a una intervención urgente y efectiva para garantizar el acceso a un transporte público eficiente, accesible y seguro.