📅 7 de julio de 2025
Monterrey, N.L. – La diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos de Nuevo León, con el objetivo de elevar las sanciones a empresas que entreguen obras de pavimentación deficientes y obligar a los 51 municipios del estado a transparentar los estudios técnicos antes de licitar cualquier proyecto.
“Los baches no son un mal inevitable, son el resultado de la negligencia, la opacidad y de que desde los gobiernos municipales se solapa a las empresas que priorizan sus ganancias sobre el bien público”, señaló la legisladora al presentar la propuesta.
De acuerdo con el documento, el 25% del pavimento en el área metropolitana de Monterrey presenta fallas, pese a los millonarios recursos públicos destinados año con año a su reparación. Aun así, el 78% de los ciudadanos identifica los baches como el principal obstáculo para la movilidad.
Claves de la reforma:
- 💸 Multas de 20 mil a 30 mil UMAs para empresas incumplidas (actualmente son solo 10 mil).
- 🛠️ Reparación obligatoria del daño y sanciones proporcionales al valor total de la obra.
- 🚫 Inhabilitación temporal para seguir contratando con el gobierno hasta corregir fallas.
- 📄 Transparencia obligatoria: publicación de estudios técnicos, evaluaciones y resultados de laboratorio en portales oficiales.
- ⏱️ Plazo de 30 días para que autoridades municipales actualicen sus reglamentos.
“Calles mal hechas no solo dañan autos, también dañan la economía familiar y la confianza ciudadana. Con esta reforma, quien falle tendrá que pagar de su bolsa o perder el derecho a contratar con el gobierno”, advirtió Montalvo.
La legisladora denunció que municipios como Juárez, Guadalupe y San Pedro han invertido millones de pesos en reparaciones de baja durabilidad, según investigaciones periodísticas. También destacó que estados como Ciudad de México y Jalisco ya exigen altos estándares en calidad de pavimentos, y que Nuevo León no debe quedarse atrás.
La propuesta será analizada en las próximas semanas por la Comisión de Infraestructura, y se prevé que organizaciones civiles y cámaras constructoras participen en el debate.
“Esta es una lucha por la seguridad vial y la rendición de cuentas. Calles bien hechas salvan vidas, mejoran el tránsito y cuidan el dinero público”, concluyó.
