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EE.UU. cancela visas a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado

📅 30 de septiembre de 2025


Washington intensifica medidas contra figuras políticas mexicanas

En los últimos meses, Estados Unidos ha revocado visas a varios políticos mexicanos, principalmente de Morena, en lo que se interpreta como una advertencia frente a presuntos vínculos con el crimen organizado o investigaciones en curso.

La medida ha generado inquietud en distintos niveles de gobierno y ha abierto un debate sobre la transparencia y los criterios que aplica el Departamento de Estado para retirar permisos migratorios a funcionarios y sus familiares.


Funcionarios afectados

Uno de los casos más recientes es el del diputado federal Mario Alberto López Hernández, del PVEM y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, a quien autoridades migratorias le negaron el paso a Texas tras informar que su visa estaba “dañada”.

También se encuentran en la lista:

  • Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora (Morena), a quien se le retiró la visa cuando intentaba cruzar con su familia.
  • Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros, Tamaulipas (Morena), relacionado en un caso con un empresario detenido con droga.
  • Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California (Morena), y su esposo Carlos Torres Torres.
  • Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila (PRI), junto con su esposo, Jorge Miguel Barajas, jefe policial regional.
  • Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, Baja California (Morena), y su esposo.

Medida preventiva o castigo político

El Departamento de Estado de EE.UU. rara vez explica de manera pública las razones específicas para retirar una visa, lo que deja a los funcionarios afectados en un limbo administrativo. Aunque no se han revelado acusaciones judiciales formales en muchos casos, las cancelaciones funcionan como un mecanismo preventivo y de presión diplomática.

Analistas consideran que estas acciones reflejan una estrategia para reforzar la cooperación bilateral contra el crimen organizado, al mismo tiempo que colocan a las autoridades mexicanas bajo mayor escrutinio internacional.


Impacto político y diplomático

Las revocaciones llegan en un momento delicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que enfrenta críticas por la ausencia de detenciones de alto perfil en materia de crimen organizado en su primer año de gestión, a diferencia de sus antecesores.

Mientras tanto, la relación diplomática con Washington se ve obligada a equilibrar la cooperación en seguridad con la defensa de la soberanía y la presunción de inocencia de los funcionarios mexicanos.

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