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Periodista denuncia amenazas durante cobertura en Palacio de Gobierno de Michoacán

📅 3 de noviembre de 2025

“Me privaron de la libertad y me exigieron borrar mi material”, denuncia Dalia Villegas

La periodista Dalia Villegas Morales, reportera de la agencia Quadratín Michoacán, denunció haber sido privada de su libertad y obligada a eliminar su material periodístico mientras cubría la manifestación en el Palacio de Gobierno de Michoacán, ocurrida tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Según su testimonio, los hechos se registraron el pasado viernes, cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el edificio para exigir justicia por el homicidio del edil. Durante la cobertura, Villegas fue interceptada y se le ordenó borrar fotografías y videos de lo sucedido.

“Me privaron de la libertad y me exigieron borrar mi material”, denunció la reportera en redes sociales, visiblemente afectada por el incidente.


Intimidación a la prensa durante protestas en Morelia

La reportera relató que fue retenida por varios minutos dentro del edificio y que, bajo presión, tuvo que eliminar el contenido de su cámara. Afirmó que sufrió intimidación verbal y psicológica, y que el hecho la dejó con un sentimiento de vulnerabilidad frente a las autoridades.

El incidente ocurrió en medio de un clima de tensión y represión hacia manifestantes y medios que cubrían las protestas por la violencia en Michoacán. En las imágenes difundidas por testigos, se observan incendios y daños materiales en el Palacio de Gobierno, así como un fuerte operativo policiaco.


Preocupación por la libertad de prensa en Michoacán

Diversas organizaciones y periodistas expresaron su solidaridad con Dalia Villegas y exigieron una investigación transparente sobre los hechos.
En un estado marcado por la violencia política, el narcotráfico y los ataques a comunicadores, este nuevo episodio refleja los riesgos crecientes para ejercer el periodismo en México.

La Asociación de Periodistas de Michoacán (APEM) y la Red de Mujeres Periodistas pidieron al Gobierno estatal garantizar la seguridad de la reportera y de todos los profesionales de los medios que cubren conflictos sociales.

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