11 de julio de 2026
La estrategia de ofrecer viviendas a precios muy por debajo del mercado bajo el argumento de que provenían de remates del INFONAVIT terminó con una condena de 29 años de prisión para Jorge “N”, de 63 años, luego de que un juez lo encontrara penalmente responsable del delito de fraude.
La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Regional Sur tras un juicio oral en el que el Ministerio Público logró acreditar que el acusado engañó a seis personas entre los años 2015 y 2017, ocasionándoles un daño económico conjunto de un millón 303 mil pesos.
Durante el proceso judicial, la representación social presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron reconstruir la forma en que operaba el fraude. La evidencia expuesta, sostuvo la Fiscalía, demostró que el acusado actuó de manera deliberada para obtener beneficios económicos mediante engaños.
La defensa también presentó argumentos para intentar desacreditar la acusación; sin embargo, tras valorar las pruebas de ambas partes, el juez concluyó que existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal del imputado como autor material de los hechos.
Las investigaciones revelaron que Jorge “N” contactaba a personas interesadas en adquirir una vivienda y les aseguraba que podía venderles casas ubicadas en Monterrey y Guadalupe a un precio reducido porque, según afirmaba, pertenecían al INFONAVIT y habían sido adquiridas por él en grandes paquetes. También les hacía creer que el bajo costo obedecía a que los inmuebles presentaban daños o deterioro.
Con ese argumento solicitaba pagos que presentaba como enganches para asegurar la compraventa. No obstante, las indagatorias establecieron que esos recursos correspondían en realidad a cobros por concepto de corretaje y que nunca existió la entrega de las propiedades ni la firma de las escrituras prometidas.
Al verse afectados y comprobar que las operaciones nunca se concretaban, las seis víctimas acudieron ante las autoridades para presentar las denuncias correspondientes, lo que dio origen a la carpeta de investigación y posteriormente al juicio penal.
Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al sentenciado una multa de 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). También determinó que deberá responder por la reparación del daño, dejando a salvo el derecho de las víctimas para acreditar ante el juez de ejecución de sentencia el monto correspondiente a la indemnización.
