馃搮 23 de julio de 2026
La Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) inform贸 que un juez federal vincul贸 a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participaci贸n en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigaci贸n relacionada con un supuesto esquema de huachicol fiscal.
La resoluci贸n judicial tambi茅n incluye a otras siete personas, entre ellas los empresarios Ricardo “N” y Jos茅 “N”, quienes permanecer谩n bajo prisi贸n preventiva mientras contin煤an las investigaciones.
Juez ratifica prisi贸n preventiva
De acuerdo con la FGR, el Ministerio P煤blico Federal present贸 los elementos de prueba ante un juez de control, quien determin贸 vincular a proceso a los imputados y ratificar la medida cautelar de prisi贸n preventiva.
Con esta decisi贸n, Ernesto Ruffo Appel permanecer谩 recluido en el Centro Federal de Readaptaci贸n Social N煤mero 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Ju谩rez, Estado de M茅xico.
Adem谩s del exmandatario, fueron vinculados a proceso:
- Juan “N” y Luis “N”, por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
- Jos茅 Mar铆a “N”, Guillermo “N” y Adriana “N”, por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Investigaci贸n apunta a presunto esquema de huachicol fiscal
Seg煤n la Fiscal铆a, la investigaci贸n fue desarrollada en coordinaci贸n con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de M茅xico y est谩 relacionada con operaciones irregulares de importaci贸n, distribuci贸n y comercializaci贸n de productos derivados del petr贸leo.
Las autoridades sostienen que los imputados habr铆an participado en un esquema conocido como huachicol fiscal, consistente en ingresar combustible al pa铆s mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas.
De acuerdo con la FGR, este mecanismo permite reportar menores vol煤menes de hidrocarburos o declarar el combustible como otro tipo de mercanc铆a para evadir el pago de impuestos.
FGR advierte afectaciones econ贸micas
La dependencia se帽al贸 que este tipo de operaciones genera p茅rdidas millonarias para las finanzas p煤blicas y representa una fuente de ingresos para grupos delictivos.
No obstante, record贸 que todas las personas involucradas gozan de la presunci贸n de inocencia, por lo que su responsabilidad penal 煤nicamente podr谩 determinarse mediante una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.
