📅 Lunes 5 de octubre de 2026
Con la finalidad de combatir el uso y la comercialización ilegal de perfiles en aplicaciones de transporte y reparto de alimentos, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y castigar con cárcel la suplantación de identidad en plataformas digitales.
La propuesta contempla penas de tres a ocho años de prisión y multas de mil a dos mil cuotas (que van desde los 117 mil 310 hasta los 234 mil 620 pesos) a quienes vendan, faciliten o permitan que un tercero utilice su identidad o sus cuentas verificadas en estas aplicaciones.
🚗 Mercado negro de perfiles pone en riesgo a usuarios de Uber y DiDi
Serrato Flores advirtió que en la zona metropolitana de Monterrey se ha detectado la compraventa de cuentas ya aprobadas, lo que permite a conductores o repartidores operar sin haber sido evaluados ni haber superado los filtros de seguridad de las plataformas.
“La suplantación de identidad en el área metropolitana de Monterrey ha encontrado un nuevo y preocupante canal a través del mercado negro de perfiles para plataformas de movilidad y transporte de alimentos como Uber y DiDi”, apuntó la legisladora priista.
La propuesta busca equiparar esta conducta al delito de suplantación de identidad, sancionando tanto a quien opera con datos ajenos como a la persona que presta o vende su perfil:
“La propuesta contempla que quien otorgue su consentimiento para que un tercero utilice su identidad en estas condiciones pueda recibir las mismas penas previstas para el delito de suplantación de identidad”, planteó Serrato Flores.
📱 Sancionarán con mayor rigor el uso no autorizado de datos biométricos
La iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso plantea modificar el artículo 444 del Código Penal para incluir expresamente el mal uso de sistemas informáticos, firmas electrónicas y datos biométricos.
Asimismo, se establece un incremento de hasta un 50% en las penas cuando la infracción implique la administración, adquisición, obtención o reproducción no autorizada de sellos, certificados, documentos oficiales o datos biométricos.
La legisladora concluyó que es necesario cerrar la puerta a estas prácticas para brindar certeza a los usuarios sobre quién conduce realmente los vehículos o entrega sus paquetes en la entidad.
