Movimiento Ciudadano presentó un incidente de violación a la suspensión de amparo de las estancias infantiles que tendría como consecuencia para la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, caer en desacato y ser consignada ante el Ministerio Público por el probable delito de violación a una resolución judicial.
Ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, se solicitó el recurso ya que la autoridad responsable ha desacatado la suspensión provisional concedida que ordenaba publicar las reglas del programa social conforme a años anteriores, señaló el senador Samuel García Sepúlveda.
Es decir, en lugar de que las autoridades responsables cumplieran a cabalidad la medida cautelar otorgada, por el contrario, desacataron la decisión expidiendo las Reglas de Operación de un Programa ajeno a lo mandatado en la resolución incidental; además, es un programa ajeno y distinto al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“En el marco de los 100 días del Gobierno Federal, ahora que ya todo es beisbol para el Presidente, tenemos 2 strikes en materia social, me refiero al programa de estancias infantiles y al de refugios para mujeres violentadas; el Gobierno Federal saldrá ponchado por el desacato que hubo al Poder Judicial, que es evidente.
“Hoy a las 10:50, ya se presentó incidente de la violación a la suspensión, el cual va dirigido a la Secretaría de Bienestar que en un acto contumaz y rebelde desobedeció lo que le marca la ley y la suspensión, que ya son dos ganadas la 282/2019 y la 284/209”, dijo.
El artículo 209 de la Ley de Amparo el juez indica que se requerirá en un término de 24 horas se cumpla la suspensión y en caso contrario, la responsable, en este caso la secretaria de Bienestar, sería denunciada al Ministerio Público por el delito de desacato con una sanción de 3 a 9 años de cárcel establecido en el artículo 262 de la misma ley.
“El asunto está ganado, ya son dos suspensiones, se burlaron del Poder Judicial; advertir que no vamos a parar, este desacato se va a ganar y muy próximamente si el Gobierno no corrige y no emite las reglas que está obligado por ley y por el Presupuesto, su secretaria de Bienestar puede ser destituida y llegar a acción penal”, dijo.
El legislador afirmó que el juez está obligado a hacer valer su sentencia y para hacerla valer si no basta con la notificación tiene medidas de apremio: multa, destitución y cárcel.
“En México, el monopolio de la acción penal es del ministerio público, lo que sucede en la práctica es que cuando el juez se dé cuenta que aún con su segunda notificación la autoridad se burla de la sentencia, ordena destituir y le da a un ministerio público la carpeta donde está el delito ya tipificado: el desacato.
“Ahí el MP no tiene de otra, mas que ir con un juez penal y poner en consigna al servidor público, sin importar el rango, quien firma las reglas de operación del jueves 27 que cae en desacato es la secretaria de Bienestar, ella es la responsable… por los 314 mil niños (de las estancias) que corten la cabeza que sea necesaria”, indicó.
