La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar supervisó la atención a los ciudadanos que se han visto afectados por altos cobros de la empresa prestadora del servicio de gas natural, y que han acudido al módulo de orientación instalado en Palacio Municipal.
En el sitio, los usuarios inconformes son atendidos por abogados, quienes los orientan respecto de los requisitos que se deben cumplir para presentar su queja de manera correcta ante la Procuraduría Federal del Consumidor, instancia encargada de resolver estos casos.
“Estamos orientando y ayudando a los ciudadanos para que hagan la presentación de la denuncia de manera correcta, a través de nuestros abogados y lo puedan hacer clara y contundente ante la Profeco”, subrayó Díaz Salazar.
La Edil hizo un llamado a la autoridad federal, especificamente a la Comisión Reguladora de Energía para que haga un pronunciamiento y lamentó que nadie esté asumiendo la responsabilidad ante el consumidor.
“Es importante que la Comisión Reguladora de Energía exprese qué es lo que está sucediendo y por qué se está permitiendo que la empresa haya presentado esta facturación tan alta, que tiene un impacto muy fuerte en la economía de las familias”, sostuvo la Presidenta Municipal.
Incluso se pronunció por una sanción en contra de la empresa prestadora del servicio de gas natural, asegurando que no es una cosa menor, sino una injusticia que impacta de manera fuerte en los bolsillos de los usuarios, que gran parte viven al día, pensionados y trabajadores con salarios bajos.
Es entendible, dijo, como los usuarios pasan del enojo a la angustia al pensar cómo van a pagar su recibo de gas, que registran un aumento del 100 y hasta el 200 por ciento por un consumo de 60 metros cúbicos.
En dos días se han recibido a 66 personas en el módulo, donde se atiende de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
Se detallaron los requisitos indispensables para presentar la denuncia ante la Profeco, como son: comprobante de domicilio, copia de una identificación oficial, el recibo de pago de la empresa y una narrativa de los hechos, todas las pruebas que conforme a derecho se puedan evaluar.
