De Norte a Sur
Abigail Correa Cisneros
El presidente de México decidió mantener las concesiones mineras que hay en el país, pero dejó claro que su gobierno no dará más y que el 30 por ciento del territorio nacional que se entregó en los sexenios pasados a esta actividad (que corresponde a alrededor de 50 millones de hectáreas) serán explotaciones limpias.
Según cifras de la Secretaría de Economía, el sector minero-metalúrgico contribuye con el cuatro por ciento del PIB, y la producción de plata ocupa el primer lugar a nivel mundial. Además, México está en los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre. Y es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo, de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015.
Es por esto que Andrés Manuel López Obrador dice que mantendrá los compromisos que se adquirieron con empresas mineras. Sin embargo, sigue preocupando a pobladores que el presidente de México no frene a los dueños que durante décadas han arrasado con los territorios que finalmente quedan inservibles, muertos.
Ante esto, México presentó en la última Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en Nairobi, Kenia, la resolución Gobernanza de los Recursos Mineros que busca imponer estándares para reducir el impacto social y ambiental de este sector. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que existe la certeza de que incluso en las industrias extractivas más contaminantes se pueden promover transformaciones que mejoren el desempeño ambiental y maximicen el bienestar de las comunidades locales. Reconoció que la minería bien manejada puede contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al crear empleos, fomentar oportunidades de negocio e impulsar el desarrollo tecnológico. Hasta 2015, este rubro generó 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por otra parte, las comunidades siguen en firmes en que esta actividad debe frenarse del todo, más de 50 municipios de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Chihuahua y San Luis Potosí se declararon libres de minería con acciones legales, declaró Miguel Mijangos Martínez, vocero de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), porque durante años han sufrido despojo y la violencia impera en las zonas, incluso activistas en contra han perdido la vida, los habitantes que se manifiestan han sido golpeados por grupos enviados por las propias empresas.
La disputa por el agua es otro tema que preocupa ya que para llevar a cabo la extracción de minerales se necesitan miles de litros cúbicos y los habitantes padecen la falta del líquido, esto también provoca el desplazamiento de cientos de personas, como ejemplo está Guerrero, donde aproximadamente 180 comunidades han sido forzadas a dejar su territorio.
Se habla del progreso que la minería trae consigo, sólo que es únicamente para las empresas porque a los pueblos no llega más que agua contaminada con químicos y el polvo que emanan provocan enfermedades pulmonares como la silicosis y neumoconiosis, otras que se manifiestan en la piel, ojos, vías respiratorias y oídos, problemas gastrointestinales, y partos prematuros.
El Banco Interamericano de Desarrollo promovió el año pasado un supuesto progreso minero, pero REMA expone que no existe tal cosa pues hay ”cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad cada vez mayor de pasivos ambientales irreversibles, de los cuales estas empresas no se hacen responsables. Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros”.
REMA sostiene que para los pueblos la minería es un agente de despojo, destrucción y muerte que no cambiará. Por ejemplo, el municipio de Fresnillo en Zacatecas, donde opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera extractora de plata más grande del país, que en el año 2015 obtuvo ganancias por 318 millones de dólares, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la consideró la demarcación “con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) y el segundo con mayor pobreza extrema (11 mil 685)”.
“Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social aumentó más del seis por ciento % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue sólo de cuatro por ciento”, detalló la REMA, ¿dónde está esa bonanza de la que hablan?
La gente ha recurrido a los amparos, como en Puebla, donde los nahuas de Tecoltemi, Ixtacamaxtitlán y la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, interpusieron un amparo contra dos permisos otorgados sobre su territorio. El Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla reclama al Estado mexicano haber entregado su territorio a la filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals, sin consulta previa y sin consentimiento. En la demanda de amparo Tecoltemi pide que se ordene la cancelación de los títulos de concesión pero también que se revisen diversos artículos de la Ley Minera, que al dar preferencia a la minería sobre cualquier otra actividad faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.
La Ley Minera es inconstitucional, sostienen estos organismos, en su Artículo 6 establece a la minería como preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno; el Artículo 19, en varias fracciones, establece los derechos que otorgan las concesiones mineras a sus titulares, como conseguir la expropiación de los terrenos, la ocupación temporal o la constitución de servidumbre: mientras que el 15 impone la duración de las concesiones por 50 años, con la opción de prolongarlas 50 más.
Estas normas violan los derechos de pueblos indígenas y campesinos, contradice nuestra Constitución en el Artículo 27 y el 2, viola tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en estándares internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los relatores de la ONU en el tema de consulta y consentimiento y protección de territorio de pueblos indígenas.
Es necesaria una revisión de estas Leyes, que igual que la Reforma Energética que tanto criticó el presidente López Obrador, viola los derechos de las personas y en lugar de dar justicia pone el interés de empresas mineras por encima de las comunidades y del medio ambiente.
DESDE EL CENTRO
Luego de mantener su Embajada sin titular desde mayo del año pasado, cuando abandonó el cargo Roberta Jacobson, el gobierno de los Estados Unidos dirigido por Donald Trump, nombró al nuevo embajador, Christopher Landau, quien sólo espera que el Senado de su país ratifique su designación para ser el encargado de mantener las relaciones bilaterales en nuestro país. El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, otorgó su beneplácito a este nombramiento y destacó que existe la confianza de que de concretarse la designación de Christopher Landau, se contribuirá a fortalecer una relación de respeto y entendimiento mutuo entre ambas naciones. Empero, falta que se continué la discusión de temas como el migratorio y la construcción de un muro que sigue siendo una ofensa para el pueblo de nuestro país, lo que debe ser señalado y reiterado por la actual administración… Organizaciones campesinas continúan con sus protestas en contra de las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que designaron a Banco Azteca como la vía para entregar los recursos de forma directa a los campesinos e indígenas de México, porque con esta acción se afecta la economía rural de las comunidades. Además de que ahora una de las personas más ricas del país, como Carlos Salinas Pliego, manejará los dineros de los más pobres, quienes tendrán que trasladarse hasta las sucursales de dicha entidad bancaria para poder retirar los apoyos que otorga el gobierno federal. Por lo anterior permanecen en plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Bienestar integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional, quienes señalaron que están minimizando las demandas del sector campesino del país… Nuevamente la elección del candidato de Morena por la gubernatura del estado de Puebla, donde resultó ganador Miguel Barbosa Huerta, se vio opacada por la falta de transparencia, los dimes y diretes de los precandidatos, así como por la intromisión de la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, por lo que el ex precandidato de su partido, Alejandro Armenta, analiza interponer una queja en su contra por la parcialidad que demostró en favor de Barbosa Huerta.
