Con nueve votos a favor, una abstención y un voto en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la iniciativa del Senador Víctor Fuentes para reformar el artículo 27 de la Constitución, con lo que los yacimientos de piedra caliza serán del dominio directo de la Nación.
Frente a la crisis ambiental que vive Monterrey y su área metropolitana, el legislador federal urgió a reconocer que los derechos superiores de la sociedad están por encima de los derechos individuales a la propiedad.
Apuntó que, con la reforma constitucional, el Estado podría mantener el equilibrio ecológico como requisito para proteger la salud humana y los recursos naturales en general, como lo mandata el artículo 4o constitucional.
“Siendo Monterrey la ciudad más contaminada de México y de Latinoamérica, en gran parte porque las empresas dedicadas a la extracción de piedra caliza liberan gran cantidad de partículas, es la hora de que se haga valer el derecho del Estado sobre los recursos naturales”, subrayó.
Fuentes Solís agradeció a los Senadores que han apoyado la iniciativa como Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y José Narro, Presidente de la Comisión de Salud. Recordó que el Estado debe regular la repartición, uso y conservación de los recursos naturales y que la Nación tiene la propiedad originaria sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional.
“Los propietarios de las pedreras en Nuevo León, pese a los daños ambientales que provocan, no pagan ningún recurso por la extracción de los materiales para mitigar o resarcir el impacto ambiental”, añadió.
De esta manera, al reformar el artículo 27 constitucional, corresponderá a la Nación el dominio directo específicamente de los yacimientos de piedra caliza, lo que derivaría en que, una vez concluido con el monto autorizado a extraer, se considere como patrimonio de la nación para la creación de espacios públicos, que permitan preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
“Al reducir la problemática que genera la contaminación del aire, no solamente se traducirá en una mejora a la salud de la ciudadanía, sino también se traducirá en un evidente ahorro en los gastos que representa la atención médica de los padecimientos provocados por la exposición a contaminantes”, concluyó el legislador federal.
El dictamen deberá ser aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos y posteriormente en el pleno del Senado de la República. En la ruta legislativa deberá también ser aprobada por la Cámara de Diputados y la mitad más uno de los Congresos locales.
