Los presidentes de los 10 Órganos de Tratados de la ONU instaron a los líderes mundiales a garantizar que se respeten los derechos humanos en todas las medidas gubernamentales que se tomen para hacerle frente a la pandemia de COVID-19.
“Solo al incluir a todas las personas en las estrategias creadas para combatir el COVID-19 es que se puede combatir esta pandemia”, dijo Hilary Gbedemah, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y actual líder del grupo que reúne a los respectivos presidentes de los comités.
Los 10 expertos pidieron a los Estados que adopten medidas para proteger los derechos a la vida y la salud, y para garantizar el acceso a la atención médica a todos los que la necesiten, sin discriminación. Además, instaron a los gobiernos a tener especial cuidado con las personas especialmente vulnerables a los efectos de COVID-19, incluidas las personas mayores, personas con discapacidad, grupos minoritarios, pueblos indígenas, refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, las personas privadas de libertad, personas sin hogar y aquellos que viven en pobreza. También enfatizaron que las mujeres corren un riesgo desproporcionadamente alto porque en muchas sociedades son ellas las principales cuidadoras de los familiares enfermos.
“A nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado”, dijo Gbedemah. “Los Estados deben proporcionar apoyo específico, incluyendo apoyo financiero, social y fiscal, a las personas particularmente afectadas como las que no tienen seguro médico o seguridad social”.
El apoyo dirigido también debe extenderse a otros derechos. En los países que hayan adoptado medidas de restricción de movimiento y libre circulación, los gobiernos deben utilizar todos los medios disponibles, incluyendo el aprendizaje a distancia, para continuar el acceso a la educación, especialmente para niños y adolescentes. Los estudiantes con discapacidades también deben tener el mismo acceso a las mismas oportunidades educativas. Los Estados también deben garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales a los más vulnerables para que nadie se quede atrás.
Los presidentes advirtieron que el miedo y la incertidumbre de esta pandemia podrían conducir a chivos expiatorios y prejuicios. “Los Estados deben tomar medidas activas para garantizar que prevalezca un sentido de solidaridad, incluso mediante la protección contra el racismo y la xenofobia o el crecimiento del nacionalismo desenfrenado”, dijo Gbedemah.
Un número creciente de Estados han impuesto controles estrictos que afectan los derechos humanos, como las limitaciones a la libertad de movimiento y las restricciones a las reuniones pacíficas y la privacidad.
“Estos controles deben llevarse a cabo de conformidad con un marco legal válido. En los países que declaran un estado de emergencia, dicha declaración debe ser excepcional y temporal, estrictamente necesaria y justificada debido a una amenaza a la vida de la nación”, dijo Gbedemah.
“Un estado de emergencia, o cualquier otra medida de seguridad, debe guiarse por los principios de derechos humanos y no debe, en ninguna circunstancia, ser una excusa para anular la disidencia”, agregó.
