El hecho de que los integrantes del Comité de Selección pretendan dilatar aún más la ejecución de la sentencia contra el acuerdo de la integración del Comité de Participación Ciudadana (CPC) demuestra una vez más su falta de interés por el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, y por la ciudadanía a la que deben representar en dicho Sistema.
En días pasados se dio a conocer el procedimiento judicial iniciado por Gustavo González, Luis Gerardo Treviño, Salvadora Peña, María Genoveva Saldaña y Gabriel Augusto Reyes, integrantes del Comité de Selección, para no ejecutar una sentencia que pesa en su contra.
Independientemente del mérito del procedimiento judicial, esto parecería una estrategia para ganar tiempo a fin de no cumplir una sentencia firme emitida por un Tribunal Colegiado, que los obliga a reponer el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana realizado en 2018. A todas luces, los cinco integrantes actuales del Comité de Selección están buscando patear el bote hasta que se cumpla su periodo en este órgano ciudadano.
En la Coalición Anticorrupción hemos exigido desde julio pasado el cumplimiento de esta resolución judicial, que sentó un precedente a nivel nacional sobre la cuestionada actuación del Comité de Selección. A pesar de su amplia difusión mediática, el Comité de Selección no ha acatado la sentencia aún, pero esta semana se evidenció que esto nunca fue su intención.
En esta situación, la Coalición Anticorrupción se pregunta: ¿por qué tanta resistencia del Comité de Selección a dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial? Si sus integrantes estuvieran seguros de haber elegido a los mejores perfiles al CPC, solo tendrían que justificar sus razones o ¿qué clase de Comité de Selección hace todo lo posible por evadir una orden judicial antes que cumplir su trabajo y contribuir a acabar con la corrupción?
Causa mucho desánimo en la ciudadanía observar cómo el Sistema Estatal Anticorrupción ha transitado sus primeros dos años: sin resultados, con vacantes en los dos órganos ciudadanos que son el Comité de Selección y el Comité de Participación Ciudadana, y el total desinterés del Congreso del Estado por subsanar fallas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que permitirían evitar que se reproduzcan estas situaciones.
