“Productores de leche del sector social de 20 estados de la República aplaudimos que, después de 25 años de denunciar que una cantidad considerable de productos de leche y sus derivados en tiendas de autoservicio y convencionales, eran un fraude económico y un riesgo sanitario para los consumidores, instancias gubernamentales se animaron a confirmar y sancionar estas irregularidades”, señaló Álvaro González Muñoz.
El dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, lamentó que la producción y comercialización de productos falsos o adulterados en un periodo de 25 años –a partir de la firma del Tratado Comercial con EU y Canadá en 1994—causó grandes pérdidas económicas para más de cien mil pequeñas unidades de producción lechera que desaparecieron por incosteables.
“Es decir, dijo Álvaro González, se abrió el comercio de leche y sus derivados vía las compras masivas de leche en polvo descremada, a precios relativamente bajos pero catastróficos para los productores nacionales de leche auténtica, natural mexicana”.
De ahora en adelante, añadió, “los pequeños y medianos productores de leche, alrededor de 150 mil, vemos un futuro menos escabroso para nuestra actividad, en virtud de que esperamos recuperar un ritmo de producción al alza y un mercado de leche y sus derivados que beneficie a una economía lechera que sufrió embates de alto riesgo de desaparecer”.
Como es del dominio público, la Secretaría de Economía y la Procuraduría del Consumidor –“faltaría que la Secretaría de Salud investigara y determinara el riesgo de que la leche adulterada es nociva para la salud de los consumidores”, advirtió González Muñoz—concluyeron que diversas marcas de leche, quesos y yogures no cumplen con las normas oficiales mexicanas y que, aparte de salir de inmediato del mercado, las empresas responsables serían fuertemente sancionadas por violar las leyes del mercado, de calidad y de sanidad.
Hizo ver Álvaro González que, los productores pertenecientes a la organización que preside, han planteado e insistirán ante la empresa paraestatal SEGALMEX y en particular con LICONSA, para que mejore la comercialización de leche, se pague al precio de garantía establecido y se dé una mayor flexibilidad en las normas de recepción. “Esto, añadió, repercutirá en beneficio de la población mexicana que forma parte de los programas de distribución social que realiza el gobierno federal, en particular de zonas económicamente deprimidas”.
