El acuerdo tiene como objetivo facilitar el acceso de la justicia a las personas que inicien un proceso de responsabilidad administrativa.
El Gobierno del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativo firmaron hoy el acuerdo para la provisión de defensores públicos a presuntos responsables dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa.
La finalidad es suministrar la defensoría pública adecuada que no solo legitime la instancia jurisdiccional, sino que se traduzca en tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas que enfrentan un proceso de responsabilidad administrativa.
Para hacer efectivo el convenio de colaboración interinstitucional, se llevó a cabo una reunión virtual para la firma del mismo, en la que participaron, por parte del Gobierno Estatal, el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, y Santiago Piccone Berlanga, Director General del Instituto de la Defensoría de Oficio.
También firmaron José Manuel Guajardo Canales, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y Mario Treviño Martínez, Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.
González Flores manifestó que el acuerdo agiliza los servicios de impartición de justicia que el Estado brinda a la ciudadanía.
“Creo que va a continuar agilizando las posibilidades de accionar en el gobierno, tanto del Gobierno con la ciudadanía, como de la ciudadanía con el Gobierno. Nosotros dentro del gobierno tenemos una ‘autopista’ y una de esas carreteras es la que da la cara al público”, expresó el funcionario.
“Esta nueva relación que habrá entre la Defensoría de Oficio y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está dentro de ese rubro, de esa carretera que le da la cara al público y que ayuda al ciudadano en su tramitología”, aseguró.
Santiago Piccone, titular de la Defensoría de Oficio, mencionó que tras un año de trabajos, se logró el acuerdo, que es el primero en su tipo a nivel nacional.
“Ojalá que los demás estados copien lo que estamos haciendo aquí: dejar que los servidores públicos y las servidoras públicas tengan un debido proceso por algún asunto legal”.
Las partes también deben establecer bases y mecanismos operativos para la coordinación interinstitucional en la ejecución de programas, estrategias y actividades en materia de defensoría pública, tutela jurisdiccional efectiva, investigación, difusión de la cultura anticorrupción desde el ámbito de su competencia.
La celebración y cumplimiento del Convenio no requiere de presupuesto ni estructura administrativa para su ejecución.
