El proyecto de presupuesto de egresos estatal para 2021 es 0.6 por ciento menor que el del presente año, y se prevé un déficit de 6 mil 110 millones de pesos señaló el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra.
Al participar en la Glosa del 5º Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, el funcionario enumeró los avances conseguidos en materia financiera durante el año inmediato anterior y en los cinco años que lleva esta administración.
Mencionó que mientras al cierre de 2015 la deuda era equivalente al 140 por ciento de los Ingresos de libre disposición del Gobierno, al segundo trimestre de 2020 representó 119 por ciento.
Indicó que la situación financiera del Estado evolucionaba favorablemente y que de no haberse producido la contingencia sanitaria por el COVID-19, al cierre de este año estaba previsto solventar el déficit y lograr un superávit de 947 millones de pesos.
Sin embargo, el gasto no presupuestado para apoyar a la población en la atención de la pandemia, así como la grave caída en los ingresos federales y estatales, ocasionó que el déficit se acentuara y que para finales de este año esté previsto en 6 mil 110 millones de pesos.
Informó que a la fecha se han destinado 2 mil 988 millones de pesos al Fondo de Contingencia COVID-19.
Ante la caída de las transferencias federales y la reducción de los ingresos propios a causa de la suspensión de actividades, entre enero y septiembre ha sido necesario aplicar ajustes al presupuesto por 1,704 millones de pesos.
Carlos Garza Ibarra apuntó que debido a las dificultades financieras previstas para el año próximo, en el Proyecto de Paquete Fiscal 2020, el Ejecutivo ha planteado al Congreso autorizar instrumentos que beneficien a la actual administración y también a la entrante, que iniciará en octubre del año próximo.
“Estamos proponiendo al Congreso, si se aprueban en el Senado las reformas a la Ley de Disciplina Financiera que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, poder tener un techo de financiamiento más alto, para darle al nuevo gobierno margen para tener recursos para inversión, o en su defecto tener acceso a créditos de corto plazo para la operación”, explicó.
Reitero la recomendación para que todo ente público en el estado haga el esfuerzo de racionalizar su presupuesto para el próximo año.
Al responder una pregunta sobre el objetivo de la Alianza Federalista de la cual Nuevo León forma parte, el Secretario de Finanzas precisó:
“Estamos tratando de cambiar los esquemas actuales de coordinación fiscal, ya sea la mecánica de cálculo, la fórmula, los porcentajes. Creemos que el mecanismo actual del 80 por ciento de los recursos para el Gobierno Federal y 20 para las entidades
federativas debería migrar a un 70-30, con lo que Nuevo León y todos los estados del país tendrían muchos más recursos”, detalló.
A su vez, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, comentó que la Consulta Pública que realizará el Gobierno estatal en conjunto con el Congreso local, para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la modificación al Pacto Fiscal, se hace en respuesta a la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido.
Agregó que la consulta está sustentada legalmente en la Ley de Participación Ciudadana, siendo un ejercicio no vinculatorio, es decir, que se trata solamente de recabar la opinión de la sociedad, no de que su voto determine una modificación de manera legal.
“Nuevo León jamás ha planteado salirse del pacto fiscal, Nuevo León lo que ha planteado es que es injusto el trato dentro de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo que Nuevo León ha planteado es que es demasiado lo que la federación se queda, que es el 80 por ciento; lo que queremos es que se modifiquen las reglas y que quien se apriete el cinturón sea el Gobierno Federal” enfatizó.
A pregunta expresa de las expectativas políticas y económicas de la Alianza Federalista y los acuerdos que se están tomando dentro de la misma, González Flores mencionó que la Alianza plantea, con gran respeto, la presencia de una oposición que quiere hacer valer sus puntos de vista frente al Gobierno Federal.
“Creo que es algo muy saludable para el país que exista un dique de este tamaño, con un grupo de gobernadores que están planteando cosas diferentes de las que plantea el Gobierno Federal y que basados en la propia Constitución marcan derroteros de lo que consideran justo frente a lo que consideran injusto de la Federación”.
Sobre el tema de las Notarías Públicas, el Secretario General de Gobierno anunció que el Estado suspendió 3 de ellas y están sujetas a investigación 4 más, que han sido señaladas por la ciudadanía como partícipes de un delito.
“Se van a declarar las revocaciones, no suspensiones, de ellas. La suspensión y la revocación de las que siguen está basada en las denuncias penales de toda ciudadanía que observe en ellos comportamientos equivocados, ilegales, que tipifican delitos y que el propio Colegio de Notarios, los ciudadanos que se ven perjudicados con su función, lo denuncien”.
Agregó que también se están llevando a cabo investigaciones al interior del Instituto Registral y Catastral para fincar responsabilidades contra cualquier funcionario público que incurra en el delito de fraude inmobiliario.
Por su parte, el Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Pablo Silva García, dio a dio a conocer las acciones de carácter preventivo y correctivo que la institución ha realizado y que se encuentran en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
Silva García expresó que estas acciones se encuentran establecidas en cuatro estrategias enfocadas en mejorar la transparencia y el combate a la corrupción: fomento a la colaboración institucional entre los organismos fiscalizadores de los tres poderes de Gobierno; fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, vigilancia del cumplimiento de las responsabilidades del personal del servicio público, entre otros.
Enfatizó que de acuerdo al Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, de la Tasa de Prevalencia de la corrupción, Nuevo León avanzó siete lugares para colocarse en el octavo lugar a nivel nacional.
Respecto a Transparencia Fiscal, el Gobierno del Estado mejoró su calificación y posición por segundo año, es decir, en los últimos dos años, se ha avanzado 14 posiciones (del 21 al 7) y 24.2 puntos de calificación.
El Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental dijo que la dependencia bajo su cargo ha fomentado la colaboración institucional entre los organismos fiscalizadores de los tres poderes y órdenes de Gobierno, lo que permitió, durante el segundo trimestre del año, solventar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública por 502 millones de pesos.
En esta sesión de Glosa del 5º Informe de Gobierno participaron también, de manera remota, el Secretario de Administración, Mauricio Torres; el Director del Instituto Registral y Catastral, Juan Ignacio Rodarte; el titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Jesús Hernández; el Representante del Gobierno de Nuevo León en la Ciudad de México, Luis Farías; la titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, Orfelinda Maldonado, y la Directora del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, Ana Fernanda Hierro.
