La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad –en diálogo con organizaciones civiles— en contra del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que no protege las garantías básicas de las víctimas.
En un pronunciamiento, el organismo público advirtió que la mencionada norma, así como el acto de reformar, adicionar y derogar disposiciones de otros ordenamientos legales, “no garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares internacionales en la materia, ni con el principio de progresividad, entre otros”.
La CNDH recordó que el pasado 23 de abril le solicitó al Congreso de la Unión que se reconocieran los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, además de garantizarles el derecho de acceso a la justicia, la verdad, la memoria, la reparación integral del daño y la no repetición de los hechos.
De igual forma, en aquella ocasión llamó a que se haga efectiva “la coordinación interinstitucional para la aplicación de protocolos homologados y asociados a los derechos de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, a la escucha, acompañamiento y atención a las familias agraviadas y a los colectivos que históricamente realizaron las labores de búsqueda que el Estado obstruyó”.
Pese a ello, el jueves 20 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de la FGR, en la cual “no se establece una obligación clara y fortalecida” de dicha institución frente a los mecanismos de derechos humanos.
Por lo anterior, “no se determina la autonomía de gestión de la FGR, ni existe claridad o certeza jurídica sobre la forma en cómo participara en el Mecanismo de Apoyo al Exterior, en el que se incluye, el Sistema Nacional de Búsqueda”.
La Comisión Nacional estimó que en la nueva norma “no se considera la participación activa de las víctimas de violaciones a derechos humanos en los planes de investigación”, y por ende, “no se garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público”.
Además de lo anterior, ha sido retirada la participación de la FGR como integrante en los órganos colegiados de toma de decisiones de diversas Instituciones relacionadas con las víctimas.
En el artículo 5 de la Ley de la FGR, puntualizó la CNDH, ese organismo indica que al Ministerio Público de la Federación le corresponde “la representación del interés social”, por encima de la “protección de los intereses de la víctima”, lo que pudiese ser regresivo, y atentar contra el principio de progresividad.
En este sentido, se eliminan las funciones de intervenir en los procesos de ejecución penal, lo cual deja de lado los derechos humanos de las víctimas y su acceso a la justicia.
