El cantaor flamenco Diego el Cigala está siendo investigado por un delito de violencia de género tras haber sido detenido en la noche del miércoles en Madrid.
El arresto de El Cigala, que no tiene antecedentes policiales, se produjo en el hotel Catalonia Atocha, tras la denuncia efectuada por su pareja unas horas antes en una comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz). En la denuncia, la mujer, Dolores Kina Méndez, habla de malos tratos continuados en el tiempo, al menos durante los dos últimos años, tanto físicos como psicológicos. Tras pasar a disposición judicial, ha sido puesto en libertad a primera hora de la tarde de este jueves.
El Cigala fue detenido a las diez de la noche y durmió en la comisaría del distrito de Centro. A las 11.30 fue trasladado a la comisaría de Moratalaz. Y a mediodía llego a los juzgados, donde ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7, que está de guardia. Según informan fuentes judiciales, este juzgado ha acordado la libertad de El Cigala, al que se investiga por la presunta comisión de un delito de malos tratos continuados “del que no constaban denuncias previas”.
La medida se toma al no apreciarse riesgo de fuga y que el juzgado madrileño se ha inhibido del caso en favor del de Jerez al haberse puesto allí la denuncia. “La adopción de medidas cautelares, de haberlas, se están tramitando en el juzgado de Jerez, órgano competente al ser allí donde se encuentra el domicilio de la presunta víctima y donde se tramita el procedimiento”, añaden.
Diego Ramón Jiménez Salazar —su nombre completo— vive desde hace años en República Dominicana, aunque se encuentra en plena gira por España. Tiene dos hijos con Méndez, cantaora flamenca que pertenece a una saga familiar de reconocidos artistas de Jerez y que es pareja de El Cigala desde 2016. Previamente, el cantaor estuvo 26 años casado con Amparo Fernández, que falleció de cáncer en 2015 y con quien tuvo dos hijos.
En 2004, el artista fue condenado por una falta de amenazas contra una azafata de un avión de Air Europa, a la que le dirigió expresiones machistas y malsonantes. El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid lo sentenció a pagar 20 días de multa a razón de seis euros diarios, con 245 euros por los días que la profesional estuvo incapacitada para trabajar —sufrió una crisis de ansiedad y estrés postraumático—, además de 1.200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 euros por los gastos médicos.
