A raíz de la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado el pasado lunes 12 de julio, en la que se aprobaron cuatro dictámenes de reformas a la Constitución y se retiraron dos más por no tener los consensos necesarios, desde Guardianes de la Constitución hacemos el siguiente pronunciamiento:
1.- Hacemos un llamado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Estudios Legislativos -quien también deberá avalar esas reformas- para que respeten el proceso legislativo respecto a llevar a cabo ejercicios de parlamento abierto y respeto al quórum requerido para aprobar cualquier dictamen.
Cabe señalar que la sesión realizada el pasado 12 de julio, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó modificaciones relacionadas con los artículos 4, Derecho a la Ciudad; 18, seguridad de mujeres en reclusión para que estén separadas de los hombres; 20, para que la Fiscalía General de la República pueda atraer casos del fuero común, a petición de las víctimas, y 123, relativo al teletrabajo.
Los dos proyectos que se retiraron de esta sesión, para una posterior dictaminación, una vez que se incorporen observaciones de los partidos, son los referentes al artículo 25, que propone incorporar el concepto de Estado de Bienestar con el fin de contar con una mejor redistribución de la riqueza, y el 113 para que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
En este sentido, exhortan al Senado para que cada reforma que se pretenda legislar, lleve consigo una amplia discusión de los temas que permita enriquecer las propuestas, a través de mesas de trabajo o ejercicios de parlamento abierto con académicos, expertos y sociedad civil, evitando incurrir en maniobras como la aprobación en fast track o la inclusión de última hora de artículos que no fueron votados por los integrantes de las comisiones dictaminadoras.
Recuerdan que, para concretar una reforma constitucional, el dictamen aprobado en la comisión o comisiones debe ser enviado al pleno de la Cámara de origen y aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes. Después debe ser enviado y dictaminado por la comisión respectiva de la Cámara revisora y aprobado por su pleno con las dos terceras partes de sus miembros, y necesariamente debe evitar cualquier albazo legislativo.
