El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que actualmente está preso en Florida, Estados Unidos, demandó a Javier Corral y al gobierno de Chihuahua por 3,000 millones de pesos por supuesto daño moral.
Juan Mendoza, abogado del ex gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó el lunes 16 de agosto que la demanda atiende a la imagen que ha difundido la administración de Corral Jurado contra Duarte Jáquez.
“Vulneraron la presunción de inocencia, violaron el debido proceso, Javier Corral Jurado, actuó como Juez, investigador y víctima de todo el proceso, lo exhiben como uno de los principales trasgresores, corrupto y corruptor. Como titular del Ejecutivo generó la afectación, porque su actuar no está facultado como Gobernador”, rescató El Sol de Parral en una nota.
Respecto al avance de los casos abiertos contra César Duarte por su presunta responsabilidad en diversos delitos como desvío de recursos, peculado y corrupción, su representante legal reafirmó que el ex gobernador ha sido etiquetado, por parte del gobernador Corral, como un delincuente. Cabe destacar que ninguna institución legal ha determinado la culpabilidad del acusado.
“(Javier Corral) dijo que se va haciendo cosas buenas; sin embargo, violar el debido proceso y denostar a una persona, no es una cosa buena, esta demanda no es lodo, son hechos que no se caerán, serán juzgados por quienes tienen esta labor, serán combatidas en los tribunales y no en los micrófonos, que la buena fe nos asistan a todos”, agregó el licenciado Mendoza.
Cabe destacar que la investigación judicial contra César Duarte ha sido el principal estandarte anticorrupción de la administración de Javier Corral, pues el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) especificó desde su campaña que investigará al ex gobernador por el PRI, ya que es sospechoso de múltiples actos de corrupción que repercutieron negativamente en el erario estatal.
Por su cuenta, Duarte fue detenido el 8 de julio del 2020 en Miami, Florida. En ese momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua había dicho que existían 11 órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos.
De acuerdo con las cifras oficiales, tras terminar el gobierno de Duarte Jáquez, la entidad se quedó con una deuda pública de 48,000 millones de pesos, se contaron otros 6,000 millones por afectaciones al erario y se investigaba un desvío de 250 millones de pesos adicionales que presuntamente fueron reencausados al PRI.
No está por demás mencionar que los movimientos en detrimento del patrimonio de la entidad ocurrieron cuando Enrique Peña Nieto, abanderado por el mismo partido político, era presidente de la república; Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI; y Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En cuanto a los casos más relevantes que se investigan relacionados a Duarte está la llamada Operación Safiro y la Nómina Secreta. La primera se trata, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de un desvío de recursos supuestamente realizado por gobiernos locales del PRI para ayudar electoralmente al partido en 2018.
El segundo caso, se trata de una presunta red de corrupción establecida para la compra de voluntades de diversos funcionarios locales para que Duarte Jáquez pudiera operar con impunidad los demás delitos que se le señala.
Cabe destacar que Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua por el PAN, fue señalada durante las investigaciones de la FGE respecto al caso de la nómina secreta. Esto porque se le acusó formalmente de recibir poco más de 9 millones de pesos en sobornos para dejar operar a César Duarte.
