AFP
El Congreso de El Salvador aprobó la noche del martes una ley para regular la gestión del agua y la reconoce como un derecho humano y un bien público que no se puede privatizar.
“El Salvador reconoce el derecho humano al agua, siendo éste el derecho de todas las personas de disponer de agua de calidad, suficiente, segura, accesible y asequible”, señala el artículo 1 de la Ley de Recursos Hídricos aprobada con los votos de 65 de los 84 diputados del Congreso.
La ley tiene como objeto “regular la gestión integral de las aguas, su sostenibilidad”, indica el texto.
La normativa fue presentada para estudio de los legisladores en junio pasado por el gobierno del presidente Nayib Bukele luego que el actual Congreso, que asumió funciones en mayo, archivó varias propuestas de ley para normar el recurso hídrico que no fueron aprobadas en anteriores períodos legislativos.
En los últimos 15 años, distintas organizaciones como la Iglesia católica y universidades presentaron al menos siete propuestas para una ley de agua, ninguna de las cuales prosperó.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que anteriores parlamentos no aprobaron una ley de agua debido al interés de sectores empresariales por hacerse con el control del servicio del agua.
La normativa aprobada, que contiene 179 artículos, también establece que el agua “no podrá ser privatizada bajo ninguna condición”.
La norma también establece la creación de la denominada Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que será un ente autónomo rector del recurso hídrico en el país.
Actualmente la administración del agua está a cargo de la Administración Nacional de Acueductos, que ahora estará a cargo de la distribución del servicio de agua potable.
La ASA estará conformada por 14 directivos, en su mayoría representantes de distintas instituciones del gobierno, así como un delegado de la estatal Universidad de El Salvador (UES).
“Esta es una ley que va en beneficio de todos los salvadoreños, es una deuda que estamos saldando de proteger el agua”, afirmó el jefe de bancada del oficialista partido Nuevas Ideas, Christian Guevara.
La normativa aún debe ser ratificada por el presidente Bukele y publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigor.
