Malas noticias para el campo mexicano. No me refiero solo a las consecuencias que la invasión de Rusia a Ucrania ya está teniendo en el aumento de los precios de la cadena agroalimentaria, en particular por el aumento en el costo de los fertilizantes, de los que México importa más del 60% y que se han encarecido más de 180%. Solo el año pasado, México le compró a Rusia el 30% de fertilizantes y, por las sanciones y problemas logísticos que enfrenta ahora el gigante ruso para continuar sus relaciones comerciales, nuestro país ya ha dejado de importar el 20% de este producto clave para la productividad del campo.
Otra muy mala noticia para el agro es el problema que durante esta administración se ha ido acumulando y que tiene que ver con la incapacidad, omisión o ineficacia para hacer efectiva la prohibición de los productos ilegales que se venden como plaguicidas, fertilizantes y herbicidas a los productores agrícolas.
La dependencia responsable de supervisar y evitar que los productos ilegales y pirata no se vendan en el mercado e invadan al campo mexicano es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. El tamaño del problema lo calculó el Observatorio Nacional Ciudadano, que en un estudio dado a conocer a fines del año pasado reportó que el valor del mercado de los productos ilegales llega a los 210 millones de dólares (4 mil 410 millones de pesos, a 21 pesos por dólar) y que resulta que es el DOBLE del presupuesto que tiene la SEMARNAT para este año (2 mil 71 millones de pesos).
Los plaguicidas ilegales no cumplen con todos los exigentes requisitos que deben tener los productos utilizados por millones de productores agrícolas para la protección de sus cultivos y son un grave riesgo para la salud y el medio ambiente. Pues bien, resulta que el último año de la administración de Peña Nieto, la COFEPRIS aseguró 3 400 toneladas de estos productos, después de un impresionante pico de casi 42 mil toneladas aseguradas en 2017. Pero, llegó la 4T y los aseguramientos empezaron a bajar de forma más que notable: en 2019 fueron de 298 toneladas, en 2020, de 108 toneladas y el año pasado apenas más de 16 toneladas. Es decir, la COFEPRIS prácticamente ha dejado el campo abierto a los plaguicidas ilegales en nuestro país.
Por si esto fuera poco, para el mes de noviembre del año pasado reportó que dispone de apenas 6 inspectores para realizar verificaciones en establecimientos comerciales autorizados para la venta de plaguicidas. ¿Qué tiene que pasar para que la COFEPRIS actúe con la responsabilidad para garantizar que los plaguicidas utilizados en la producción agrícola sean los que tienen su registro sanitario? Esta pregunta sigue en el aire, mientras la tierra de cultivo es invadida por los productos ilegales.
