La Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley que suspende las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia y permite aplicar aranceles por encima de las tasas estándar de la Organización Mundial del Comercio.
Más de dos tercios de los miembros necesarios de la cámara baja votaron a favor de la Ley de Suspensión de las Relaciones Comerciales Normales con Rusia y Bielorrusia, cuya votación aún está en curso.
El proyecto de ley es uno de los varios que se están tramitando en el Congreso y que tienen por objeto, según los funcionarios estadounidenses, “imponer costos” a Rusia y Bielorrusia por la operación especial de Moscú en Ucrania.
Las medidas incluyen la legislación impulsada por el Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes más temprano este jueves para excluir a Rusia de varias organizaciones internacionales y ampliar la aplicación de sanciones a las filiales extranjeras de las empresas estadounidenses.
La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció que EEUU, junto con sus aliados del G7 y la Unión Europea, despojaría a Rusia de su estatus comercial de “nación más favorecida”.
Biden dijo que esa revocación dificultará a Rusia hacer negocios con EEUU, y hacerlo conjuntamente con los aliados europeos “será otro golpe demoledor para la economía rusa”.
Numerosos países occidentales activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia tras el inicio de su operación militar especial en Ucrania, el 24 de febrero.
En un caso sin precedentes, las restricciones individuales se extendieron al mandatario ruso y al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.
Las sanciones sectoriales, también por primera vez, incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central y el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas.
Algunos países como EEUU, Canadá, el Reino Unido y Australia también vetaron la importación de petróleo ruso.
Las sanciones buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible debido a su actuación en Ucrania.
Moscú argumentó que lanzó esta operación en respuesta a la solicitud de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró entonces que el objetivo es la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.
Por otra parte, más de tres millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.
La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.
El lunes comenzó la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se realiza en modo de videoconferencia.
El jefe del comité para asuntos internacionales de la Duma de Estado (cámara baja del parlamento ruso), Leonid Slutski, constató sustanciales avances en el desarrollo de las negociaciones y afirmó que eso podría derivar en la elaboración de una posición coordinada y en la firma de documentos que permitirían disminuir la tensión en el desarrollo de la operación especial y salvar vidas.
