AFP
Nicaragua desconoció el miércoles a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien durante una sesión oficial calificó de “dictadura” a la administración de Daniel Ortega.
El gobierno, “a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumple con informar a nuestro pueblo y a quien concierna que el señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez”, dice una nota de prensa emitida en Managua.
McFields, quien el 5 de noviembre de 2021 presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció a su propio gobierno este miércoles durante una intervención ante el Consejo Permanente en Washington.
En Nicaragua “no hay partidos políticos independientes, ni elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos”, afirmó McFields. Dijo que “denunciar la dictadura” en su país “no es fácil” pero que “defender lo indefendible es imposible”.
En la nota desde Managua, el gobierno de Ortega asegura que quien está “debidamente acreditado” como su representante en la OEA no es McFields sino el embajador Francisco Campbell Hooker.
Sin embargo, en la página oficial de la OEA, quien figura como representante permanente es McFields, mientras Iván Lara figura como representante alterno. Francisco Campbell, actualmente embajador de Nicaragua en Estados Unidos, no aparece.
Su hijo Michael Campbell sí fue representante interino de Nicaragua ante el organismo hasta que fue nombrado embajador en la India en 2021.
En noviembre pasado, Nicaragua anunció la decisión de retirarse de la OEA, luego que el organismo desconociera la elección para un cuarto mandato consecutivo de Ortega, un exguerrillero en el poder desde el 2007. El proceso de retiro toma dos años.
Ortega ganó los comicios en noviembre con la mayoría de sus rivales presos o en el exilio. En el marco del proceso electoral del año pasado fueron detenidos 46 opositores, bajo cargos de atentar contra la integridad nacional.
El gobierno los acusa de conspirar para derrocar a Ortega con ayuda de Washington, y han recibido condenas de hasta 13 años de cárcel. Según la oposición y la comunidad internacional, se trató de una maniobra para que Ortega permanezca en el poder.
