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El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 83 nuevas organizaciones sociales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuya personalidad jurídica fue otorgada hace 93 años.
En total, más de 200 las Organizaciones No Gubernamentales han sido declaradas ilegales por la administración del presidente Daniel Ortega en lo que va del 2022 y 319 desde las protestas de abril de 2018.
Entre las ONG clausuradas destacan la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada en 1928, y la biblioteca Enrique Bolaños, una de las bibliotecas virtuales más completas del país.
La decisión fue tomada mediante un decreto legislativo presentado por el gobierno de Ortega sobre los incumplimientos a los requisitos impuestos hacia las ONG, entre ellos no inscribirse en el registro de “agentes extranjeros”.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quién presento la iniciativa, señaló que “han transgredido e incumplido con sus obligaciones conforme las leyes que las regula como organismos sin fines de lucro y han obstaculizado el control y vigilancia del ente regulador, desarrollando sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”, indicó al periódico nicaragüense El Confidencial.
A principios de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por cambios en la legislación de Managua que restringirían “el funcionamiento de la sociedad civil”.
La nueva normativa dificulta el registro de las organizaciones no gubernamentales, que requerirán de una aprobación del gobierno, a la vez que establece una cuota máxima del 25 por ciento de “miembros” extranjeros y les prohíbe hacer “proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen dichas acciones”, repasó la ONU.
Asimismo, Naciones Unidas llamó a las autoridades nicaragüenses a restablecer “la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente”.
