Instamos al Gobierno estatal de Nuevo León a garantizar de manera efectiva y eficiente el interés superior de la niñez a su cargo, mediante la aceptación de la recomendación de la CEDHNL, siendo ésta una institución especializada y encargada de la protección de derechos, cuya recomendación no solo constituye un mecanismo para su protección sino una herramienta efectiva para visibilizar aquellos derechos de la niñez que están siendo vulnerados y los medios de reparar estas vulneraciones. En tanto no se sigan estas recomendaciones, el gobierno estatal de Nuevo León victimiza a las infancias a su cargo, continuando con la violación a sus derechos, teniendo conocimiento pleno de que sus actos son contrarios a la Constitución, Tratados Internacionales y en detrimento del interés superior de las infancias de Nuevo León. La ley y los procedimientos de los organismos públicos de derechos humanos, y en el caso la CEDHNL, admiten la reconsideración del rechazo a una Recomendación, por lo que exhortamos, en este plazo crítico del procedimiento, a aceptarla como una muestra de genuino interés por la niñez desde el respeto a la ley y los estándares de derechos humanos. Debemos enfatizar que:
● El rechazo a la recomendación podría incrementar riesgos e indefensión de niñas y niños víctimas en DIF Capullos, por abuso de poder a cargo de servidores públicos, quienes los usan como objetos de propiedad personal.
● Utilizar a la niñez institucionalizada como objetos publicitarios constituye también un acto ilegal de abuso de poder. Desacatar la legislación mexicana y tratados internacionales que protegen a la niñez es una inconsistencia legal y política si se pretende protegerles.
Recordemos que el pasado 8 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió la recomendación 005/2022 a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por las violaciones a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la propia imagen, a una vida libre de violencia, a la legalidad y a la dignidad, por la vez que la Titular de la Unidad Administrativa “AMAR a Nuevo León” y el gobernador del mismo estado sustrajeron a un bebé con discapacidad de las instalaciones del DIF Capullos, quien fue publicitado en sus redes sociales, a través de la exposición de su imagen, nombre de pila, condición médica y otro datos de su identidad personal como escenario para el rédito en redes sociales y presencia pública.
El pasado 2 de agosto, tres días antes que venciera el plazo para aceptar o rechazar la recomendación de la CEDHNL, y a pesar de que en la recomendación citada expresamente se indica que el actuar de los servidores públicos es contraria a los derechos de la infancia y perjudica diversos derechos, la funcionaria y el gobernador con pleno conocimiento de que sus acciones son contrarias al interés superior de la niñez, volvieron a sustraer a niñas y niños de DIF Capullos, publicando nuevamente sus
fotografías en sus redes sociales, en claro desacato a las medidas de protección y la recomendación del organismo público autónomo.
El viernes 5 de agosto se dio a conocer en algunos medios el rechazo a la recomendación; pero el gobierno de Nuevo León no ha hecho pública su negativa, formalmente y acorde con lo que indica la ley. En caso de confirmación, el rechazo a la recomendación incrementará los riesgos e indefensión de niñas y niños víctimas que llegan al DIF Capullos, pues es previsible que, abusando de su poder, continúen usando a niñas, niños y adolescentes como objetos de propiedad para sus fines personales y políticos, negándose a reconocerles como personas sujetas de derechos.
La CEDHNL debe llamar a la reconsideración de la negativa. Las organizaciones de la sociedad civil también llamamos a esta reconsideración e instamos al Gobierno de Nuevo León y las personas servidoras públicas de sus instancias a asumir el compromiso con la niñez neoleonesa con apego a la ley y desde un enfoque de derechos. Están frente a una oportunidad única de enviar un mensaje genuino y consistente de interés por la niñez.
De mantenerse el rechazo, el caso podría presentarse ante el Congreso Estatal para llamar a rendir cuentas al gobernador. De mantenerse la negativa a aceptar la Recomendación, la fiscalía o la autoridad administrativa que corresponda para sancionar a las y los servidores públicos señalados, deberán actuar de inmediato, pues la niñez a cargo de esta administración está siendo victimizada sin mecanismos de protección ni consecuencias.
Frente al contexto planteado, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) destacamos y hacemos un llamado al gobierno de Nuevo León a que, como funcionarios y funcionarias públicos respeten el marco jurídico que involucra los derechos de las infancias, como los artículos 1ro y 4to de la Constitución que les obligan a proteger y garantizar los derechos niñas, niños y adolescentes, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que prohíbe la difusión de imágenes cuando se trata de niñas, niños y adolescentes víctimas, bajo responsabilidad jurídica del Estado o autoridad local (Art. 68 y 80).
Rechazamos la utilización de la niñez para las estrategias de publicidad personales y políticas, la explotación de su imagen y difusión de la vida privada e intimidad de cualquier niña o niño en situación de vulnerabilidad. Exponer sus rostros y sus historias ya ha dejado una huella digital en detrimento de sus derechos fundamentales, su dignidad como personas y las posibilidades de construir efectivamente un proyecto de vida digna al ser utilizados como objetos de propaganda política. Queremos dejar claro además, que la exposición y difusión de la vida privada e intimidad de cualquier niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad, constituye un abuso de poder e injerencia de las autoridades de Nuevo León sobre su derecho a la privacidad. Es relevante hacer notar que en este caso se ha expresado por parte de las autoridades responsables, que la difusión de imágenes se hace con el objeto de concientizar y aportar a la protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, hacerlo mediante la violación de sus derechos, no es el camino correcto, por lo que los exhortamos a cumplir con sus objetivos mediante el camino de la legalidad y garantizando en todo momento el interés superior de la infancia.
Reiteramos el respaldo al papel autónomo de la CEDHNL como garante de los derechos de la niñez y la adolescencia y rechazamos la campaña de desprecio y violencia política contra esta institución.
Ante lo expuesto, hacemos un llamado urgente al Gobernador y la encargada del despacho del DIF a:
● Dejar de victimizar a las infancias y aceptar plenamente la Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, con el fin de no seguir vulnerando la institucionalidad del DIF y violando los derechos humanos de la niñez en Capullos.
● No incurrir en las violaciones a derechos antes citadas y reparar las mismas conforme a la recomendación.
● Cumplir con la institucionalidad y los procesos legales para responder a la recomendación
● Instamos a la CEDHNL y la Fiscalía General de Justicia del Estado para que, en caso de no aceptar las recomendaciones, determinen las responsabilidades correspondientes y establezcan las sanciones derivadas de la reincidencia en el actuar, de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas que rige a los y las servidoras públicos.
● Acompañarse de especialistas y/o sociedad civil sobre el marco jurídico que protege a las infancias que se encuentran bajo la protección del Estado mexicano, a fin de
