El presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa), diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), informó que se solicitó la emisión del Reglamento de la Ley para la Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno en el estado de Chiapas, en virtud de que miles de familias indígenas no han logrado regresar a sus hogares y propiedades tras 28 años de haberlas abandonado.
En reunión semipresencial, donde informó de las actividades de la Comisión para dar seguimiento a la demanda de los grupos de desplazados internos del estado de Chiapas, el legislador dijo que “desde nuestra consideración, el Gobierno Federal debe seguir asumiendo la responsabilidad y la competencia en la solución de este asunto”.
Debe ser la Secretaría de Gobernación (Segob) la responsable de seguir encabezando la mesa interinstitucional y la ruta de trabajo. Asimismo, el gobierno de Chiapas debe ser corresponsable al respecto, apuntó.
Mencionó que la Cocopa sostuvo una reunión interinstitucional, el pasado 18 de agosto, con Lorenzo Gómez Hernández, titular de la Unidad de Gobierno y representantes de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de esa dependencia, así como de la Sedatu, entre otras instituciones, con el objetivo de buscar la conformación de un marco jurídico que permita establecer las bases de la solución, puesto que es un asunto sumamente complejo.
Al respecto, el diputado Vázquez Vázquez explicó que la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob realizó una revisión y análisis jurídico sobre el tema y determinó que el marco legal es totalmente aplicable en este momento, el cual señala la instalación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, buscando los mecanismos para que participen los tres órdenes de gobierno.
No obstante, subrayó que desde hace 28 años “estamos esperando una respuesta al pliego petitorio presentado en San Andrés Larráinzar y que hasta hoy nos ocupa, porque no se ha resuelto el caso de las personas desplazadas que perdieron sus pequeñas propiedades y todo lo que poseían, desde su hogar y bienes”.
Informó que en días pasados se presentó un documento a la Presidencia de la República, a través de la Segob, para plantear la necesidad de conformar un marco jurídico que permita establecer la solución de fondo, porque es un asunto complejo derivado de los hechos ocurridos hace 18 años. Se está en espera de una contestación, precisó.
Hoy estos territorios (municipios de Altamirano, Ococingo y Las Margaritas), siguen ocupados por el EZLN, cuyos integrantes manifiestan que es una tierra recuperada para ellos y se organizan desde sus municipios autónomos, que buscan también el reconocimiento, agregó.
Por su parte, Raúl Bonifaz Moedano, diputado del Congreso de Chiapas, reconoció el informe detallado y preciso. Propuso que la información que se tenga en archivos y expedientes se comparta con la representación de la Segob en el estado para que cuente con los elementos suficientes, emita opiniones y coadyuve a solucionar la problemática.
Seguimiento al Proyecto Educador Comunitario Indígena
El diputado Vázquez Vázquez se refirió las acciones de seguimiento a la demanda de docentes que integran el Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI), establecido hace 27 años, para enseñar en un modelo de educación básica intercultural bilingüe, que pese a estar funcionado desde entonces no tiene reconocimiento oficial integral.
Destacó la importancia de que la Cocopa se reúna, a la brevedad, con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, a fin de darle a conocer esta problemática. Informó que se gestionará dicho encuentro.
Las acciones, dijo, se deben apoyar con presupuesto, además de seguir impulsando la presentación y análisis del proyecto integrado del PECI para que las y los docentes expongan la difícil situación que prevalece por la falta de atención.
Recordó que tras la gestoría de la Cocopa se logró que más de mil 200 profesoras y profesores hayan recibido el pago retroactivo de tres años consecutivos, para lo cual se aprobaron alrededor de 70 millones de pesos que ha dispersado responsablemente la Secretaría de Educación de Chiapas.
Externó la necesidad de lograr la nivelación y homologación salarial de las y los profesores del PECI, además de continuar los pagos retroactivos para dignificar la beca que reciben, entre mil 400 pesos a 3 mil 200 pesos mensual.
Al respecto, la diputada Gabriela Sodi Miranda, del PRD, planteó la importancia de regularizar la figura jurídica del PECI para que las y los profesores incrementen su salario y sean contemplados en las partidas presupuestales concretas por estar especializados en diversas lenguas autóctonas.
Sobre el PECI, cuyos integrantes tienen que hacer grandes trayectos y la mayor parte de su salario se gasta en el transporte, solicitó saber si hay alguna ruta para integrarlos al presupuesto que se va a presentar. ¿Hay asignación de un mayor ingreso? ¿Se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 una partida específica o los dos rubros identificados por la Comisión y las autoridades educativas estatales tienen viabilidad para el próximo año?
El diputado local, Bonifaz Moedano pidió que el PECI sea considerado en el PEF 2023 al iniciarse la discusión, a fin de programar los pagos para las y los educadores comunitarios indígenas, y no haya ninguna duda sobre la labor que realizan desde hace 27 años.p
