En un siguiente paso por la defensa de la Sierra de Picachos y para evitar “echar para atrás” la declaratoria de ANP de la zona, Raúl Lozano, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso Local, acudió ante la Suprema Corte de Justicia para presentar sus argumentos para enfrentar los argumentos presentados por el alcalde de Higueras, en el recurso interpuesto.
El diputado local, señaló que decidió acudir hasta la sede del máximo tribunal porque, aunque desde el pasado mes de febrero, presentó desde tribuna del congreso local un exhorto para desestimar la controversia, no se obtuvo respuesta y el recurso ha seguido avanzando.
“Toda vez que no obtuvimos alguna respuesta y el procedimiento en la Corte continua, es que estoy presentando un escrito para que los ministros y las ministras cuando resuelvan el asunto se inclinen por desestimar la controversia constitucional y en consecuencia subsista la validez del Decreto, que considera área natural protegida la Sierra de Picachos.” señalo el diputado.
Lozano explicó que con los argumentos que presentó ante la Corte, se reviran los presentados por el munícipe, quien expuso ante la Corte que el municipio de Higueras no tuvo oportunidad de defender su territorio para que el Estado no pudiera limitar el uso de suelo de los terrenos que se encuentran en la zona objeto del Decreto.
“Lo que estamos haciendo es enterar de esta situación a las ministras y los ministros de la Corte para que desestimen la controversia constitucional, ya que, es inadmisible que con falsedades quieran usar al municipio para que particulares puedan seguir explotando la Sierra de Picachos, debemos proteger a nuestra sierra, el oxígeno que nos brinda y a la flora y fauna que vive en ella”, señaló el legislador.
Desde febrero de este año, el legislador del Partido Verde ha tomado como propio este tema, alertando que, de ser validada la petición del municipio de Higueras en la Corte Suprema, se podría “echar para atrás”, la ampliación de la protección a la zona, la cual se incrementó en 100 mil hectáreas al pasar de 75 mil a 175 mil hectáreas protegidas, lo cual abriría la posibilidad a la realización de actividades de explotación de recursos naturales como las que efectúan las pedreras y mineras, así como la urbanización a gran escala mediante desarrollos inmobiliarios.
