Con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores al comprar artículos con fallas de origen, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que el consumidor no sea quien tenga que demostrar los errores de origen de un producto, sino el proveedor o fabricante quien deba demostrar las pruebas en su defensa.
La iniciativa contempla modificaciones al artículo 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, apuntó Treviño Cantú.
“Como legisladores debemos garantizar la protección a los consumidores ante posibles fallas que lleguen a presentar los artículos que adquieren”, afirmó el líder de la bancada priísta en el Congreso local.
En tal sentido, alertó, que a partir del confinamiento por la pandemia de Covid-19, se incrementaron las compras en línea, por tal motivo los ciudadanos no visualizan adecuadamente los objetos que adquieren y al llegar a sus manos resultan con fallas.
“En muchas ocasiones para hacer válida una garantía es necesario que haya sido por error de producción, sin embargo, como consumidores no tenemos las capacidades de demostrar esta situación, por lo que esta iniciativa pretende salvaguardar los derechos del comprador”, enfatizó el Coordinador priísta.
La reforma va acorde a una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que establece que los proveedores o fabricantes son quienes deben demostrar que el producto cuestionado estaba en correctas condiciones y no el consumidor final.
“Todos los nuevoleoneses y todos los mexicanos estamos expuestos a que nos vendan un producto que tiene fallas de origen que desconocemos, y que nos enteramos de ellas una vez que estamos haciendo uso del producto adquirido”, añadió.
Treviño Cantú recalcó que, de esta forma, si el consumidor aporta elementos mínimos que permitan ver la existencia de vicios ocultos, se genera una presunción a su favor y se traslada la carga de la prueba al proveedor para desvirtuar esta presunción.
