Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, ratificó que el ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam debe continuar en prisión preventiva justificada porque prevalece el riesgo de fuga.
Durante una audiencia de casi seis horas que concluyó a la una de la madrugada del viernes, el impartidor de justicia negó la solicitud de los abogados del ex funcionario de concederle arraigo domiciliario debido a su “delicado estado de salud”. Está en proceso por delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, en septiembre de 2014.
El juez sostuvo que una de las razones para no modificar la medida cautelar es que el estado de salud de Murillo Karam no fue considerado para dictar la prisión preventiva justificada.
Determinó que el ex procurador permanezca hospitalizado en la torre médica del penal de Tepepan, donde continuará recibiendo tratamiento hasta que se restablezca por completo y no peligre su vida.
“La atención se le está brindando. Lo objetivo es que el señor justiciable requiere de atención y observación médica y que ésta se le está dando en la torre médica de Tepepan, por lo que el mejor sitio para su atención no es su domicilio”, argumentó el juez.
Asimismo, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y médicos que rindan informes donde avalen que el ex procurador haya recuperado la salud y está en condiciones para regresar al Reclusorio Norte. También autorizó la ampliación del plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria, el cual vence el 24 de febrero, para que tanto el Ministerio Público federal como la defensa recaben datos de prueba.
La defensa del ex funcionario solicitó que a su cliente se le permitiera enfrentar el proceso en libertad debido a padecimientos pulmonares y cerebrovasculares, los cuales provocaron que desde fines de agosto fuera atendido y supervisado médicamente, hasta que el pasado 3 de noviembre recibió atención de emergencia en el Instituto Nacional de Cardiología, donde permaneció tres semanas en terapia intensiva, de donde fue trasladado el miércoles al hospital de Tepepan y continúa bajo tratamiento médico.
Pidieron que se le colocara un brazalete y entregara su pasaporte para evitar que saliera del país, a cambio de que se le dictara arraigo domiciliario, los cuales no fueron argumentos suficientes para lograr su objetivo.
