Ocho elementos de Fuerza Civil fueron cesados de la corporación luego de que presuntamente participaran en un secuestro exprés, así lo informó el Secretario de Seguridad en Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes.
Pámanes explicó que los oficiales detuvieron de manera ilegal a un hombre en el municipio de Apodaca y le exigieron 130 mil pesos a cambio de no entregarlo a policías ministeriales.
El secuestro exprés ocurrió el pasado 2 de febrero aproximadamente a las 16:30 horas, cerca de la avenida Acapulco en su cruce con Teléfonos, donde los policías interceptaron a la víctima, la bajaron de su camioneta y la privaron de la libertad.
Palacios Pámanes señaló que en el plagio también participaron cuatro civiles, quienes se hicieron pasar por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones portando placas apócrifas.
Fueron ellos quienes, a cambio de liberarlo y no acusarlo de participar en actividades delictivas, le pidieron la fuerte cantidad de dinero, la cual sí les fue entregada por la familia del afectado, a quien finalmente liberaron.
Este hecho quedó al descubierto después de que las patrullas de Fuerza Civil fueran monitoreadas por un software especial, el cual detectó una actividad inusual en los recorridos.
De los ocho policías que presuntamente participaron en estos hechos, siete se encuentran detenidos y a disposición del ministerio público, mientras que uno aún sigue prófugo, sin embargo, se conoce su identidad.
El Secretario señaló que ‘lo que le espera a un policía estatal corrupto es una cama de piedra en el penal”.
Recalcó que para la corporación hubiera sido muy fácil solo despedir a los involucrados, tal como sucedía en años anteriores, y la sociedad no se habría dado cuenta.
‘Esa es la mejor forma de destruir una corporación, porque le das el mensaje erróneo al resto de los policías, que significa juégatela que al cabo lo peor que te puede pasar es que te despidan’.
‘Probablemente los policías, hoy expolicías de Fuerza Civil minimizaron su hecho considerando a la víctima un delincuente, pero cometieron un error porque no vamos a permitir este tipo de conductas’.
Señaló que cuando el delito en cuestión es cometido por un policía la pena puede ser de hasta 100 años de prisión, sin posibilidad de reducirla por buen comportamiento o días laborados dentro de un centro penitenciario.
