Morena presentó y aprobó esta madrugada –con el voto de sus aliados y de MC–, con dispensa de trámites, una iniciativa de reforma a la ley minera que cambia sustancialmente la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las grandes diferencias es permitir concesiones por un máximo de 80 años, mientras el Ejecutivo las reducía de 100 a 30.
Como resultado de una negociación con la Cámara Minera de México (Camimex) en la Junta de Coordinación Política, cuyos resultados se presentaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se flexibilizan las causales de cancelación de los permisos en caso de daño al medio ambiente, en lugar de anularlas; también reduce de 10 a 5 por ciento la utilidad que las mineras deben pagar a comunidades indígenas.
El nuevo proyecto, que cambia la denominación de ley minera a ley de minería, deja a un lado las actividades de exploración como reservadas al Estado, para celebrar un convenio de colaboración con particulares para incrementar la explotación y posibilitar el reúso de las aguas de laboreo. También permite concesiones en reservas mineras por decreto presidencial.
Además, amplía a 80 años la vigencia de concesión de agua para la actividad extractiva, cuando la iniciativa del Ejecutivo planteaba permisos de cinco años, renovables las veces requeridas durante la vigencia del permiso. Incluso, autoriza licencias de agua de uso minero si las empresas concentran más de 30 por ciento del acuífero.
La propuesta presidencial buscaba impedir depósitos de desechos en jales y presas en áreas naturales protegidas, humedales, vasos o cauces federales, o en zonas que pudieran generar riesgos para la población, y se fijaba como límite un año para su remoción. Con los cambios promovidos por Morena, sólo se obligaría a su traslado si la autoridad puede comprobar el riesgo.
En contraste con el documento del Ejecutivo, que proponía cancelar las concesiones en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro irreversible a los recursos naturales, contaminación con repercusiones peligrosas, Morena aminoró las sanciones.
Avaló que se dé oportunidad a las compañías de remediar los daños en un periodo de tres meses, “con el apercibimiento de que, de no hacerlo”, la concesión se suspenderá seis meses para la reparación del daño, y en caso de que no, se cancelaría.
También, elimina la suspensión del derecho de obra si las empresas no cuentan en cada mina con un ingeniero responsable de seguridad.
La nueva iniciativa se presentó primero a consideración de la Camimex, en una reunión con López Hernández, donde se explicó que el documento tenía como origen el acuerdo con la industria minera.
Además de Mier, el documento que sustituyó a la iniciativa presidencial fue firmado por la vicecoordinadora Aleida Alavez y el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, quien el lunes había asegurado que la reforma se discutiría hasta septiembre.
En la discusión del proyecto, que se envió al Senado para su revisión, PAN, PRI y PRD argumentaron que los cambios sólo benefician a las mineras que acaparan 50 por ciento de la explotación nacional. “¡Hijos de Larrea!”, recriminó Salvador Caro (MC), quien votó en contra.
“Esta ley va a poner orden en el sector minero”, expuso Reginaldo Sandoval (PT). Poco después de las 11 de la noche, la reforma se aprobó con 290 votos en favor –incluido el del presidente de la Cámara, Santiago Creel (PAN), aunque después alegó que se equivocó–; 186 diputados de PAN, PRI y PRD sufragaron en contra. La única abstención fue de la perredista Gisel Díaz. En lo particular, solo se aceptó una reserva de Irma Juan Carlos (Morena), para que las consultas a comunidades y pueblos indígenas, antes de otorgar permisos, las paguen las empresas.
