AFP
Un juez ordenó este miércoles ampliar de cuatro a ocho meses la detención preventiva del gobernador de la región de Santa Cruz y principal opositor del gobierno boliviano, Luis Fernando Camacho, acusado de promover un “golpe de Estado” en 2019.
Tras horas de audiencia, el juez del distrito de La Paz, Helmer Laura, dispuso “el día de hoy [miércoles] la ampliación de detención preventiva del señor Luis Fernando Camacho, por un tiempo solicitado de cuatro meses más”.
Camacho, empresario de 44 años, fue detenido el 28 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz, bastión de la derecha, y dos días después un juez dispuso su encarcelamiento preventivo en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Principal opositor del presidente izquierdista Luis Arce y líder de Santa Cruz, la región más poblada y locomotora económica del país, es acusado de promover un supuesto golpe de Estado contra el expresidente izquierdista Evo Morales en 2019.
A pocos días de que se cumplan los primeros cuatro meses, el juez Laura dispuso este miércoles ampliar el arresto por otros cuatro meses más, en respuesta a solicitudes del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría General.
Antes de conocer el fallo del juez, Camacho dijo que esperaba justicia, durante una videoconferencia desde el penal de Chonchocoro.
Cometen un delito “al tener a una persona ilegalmente detenida”, agregó al denunciar que la ampliación de su detención es “sólo con fines políticos”.
A fines de 2019 explotaron violentas protestas promovidas por la oposición de derecha que denunció a Morales por presuntamente cometer fraude en las elecciones de octubre de ese año.
El mandatario indígena, en el poder desde 2006, aspiraba a gobernar hasta 2025. Dejó el poder y salió primero a México y luego a Argentina, antes de retornar a su país, tras la victoria electoral de su delfín, el actual presidente Luis Arce en 2020.
Un informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó irregularidades en las elecciones presidenciales de ese año.
Morales fue sucedido por la entonces senadora de derecha Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión desde junio de 2022 por el mismo caso.
