Después de más de un año del fallecimiento de un menor en las instalaciones de la Unidad Fabriles del DIF Nuevo León, dos ex funcionarios fueron vinculados a proceso penal, el pasado miércoles, por el delito de homicidio calificado, sin embargo, uno de ellos se mantiene prófugo.
La imputación solicitada por el Ministerio Público se deriva de conductas cometidas por Miguel Ángel “N”, Mauricio Miguel “N” y Raymundo Francisco “N”.
La audiencia de imputación comenzó el viernes 12 de mayo y culminó este miércoles 17 de mayo, en la cual se dictó medida cautelar de prisión preventiva contra Raymundo Francisco “N”, probable responsable del delito de homicidio del menor, quien no ha sido localizado, por lo que se le considera prófugo de la justicia y fue librada una orden de aprehensión en su contra.
En el caso de Miguel Ángel ‘N’, el sujeto no pudo ser imputado debido a que presentó una suspensión de amparo, mientras que Mauricio Miguel ‘N’ fue vinculado por el delito de encubrimiento.
Las autoridades informaron que, el 8 de febrero de 2022, el menor se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado.
Posteriormente, Raymundo Francisco “N” golpeó la cara del menor con puño cerrado, cayendo éste al suelo, luego el imputado dejó caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal.
Minutos después, se sumaron otros síntomas y luego se registró la muerte del menor, que, de acuerdo a las autoridades, tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes.
La imputación a Mauricio Miguel “N” por el delito de encubrimiento fue debido a que giró instrucciones para eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución y ordenó la eliminación de fotos, videos y mensajes, así como la manipulación del sistema de circuito.
A esta persona también se le atribuye la omisión de reportar la muerte del menor a las autoridades correspondientes y ordenar un servicio funerario, incluida la incineración del cuerpo, sin haberse practicado una autopsia, con el fin de obstruir la investigación de los hechos.
El juicio iniciará una vez que el Ministerio Público presente la acusación formal ante el juez, una vez que se concluya la etapa legal de investigación complementaria.
