EFE
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, aseguró hoy que ordenará la detención del líder ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra si pisa territorio de su país, en virtud de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).
“Sí. La República de Moldavia ha firmado el acuerdo sobre la Corte Penal y Moldavia respetará la decisión de los tribunales”, dijo Sandu en declaraciones al canal Euronews Romania en respuesta a la pregunta de si Putin sería arrestado en Moldavia.
Moldavia firmó y ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal de La Haya, cuya jurisdicción no es reconocida por Rusia.
Putin visitó Moldavia en dos ocasiones, una en 2002 como presidente y otra en 2008 como primer ministro. En ambas para participar en reuniones de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes.
Sandu, que asumió el cargo en 2020 tras derrotar en las urnas al prorruso Ígor Dodon, aliado de Putin, acusa a Rusia de intentar desestabilizar la situación en la antigua república soviética.
“Afortunadamente, nuestras instituciones lograron defender el país y nos hemos vuelto más estables”, dijo.
El pasado 4 de mayo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclamó la creación de un tribunal especial “para castigar los crímenes de la agresión rusa” durante una visita a la CPI en La Haya.
Recientemente, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a la CPI de ser “una herramienta obediente” en manos de los países anglosajones y de que nunca contribuyó al arreglo de los conflictos, sino a su agravamiento.
“A día de hoy ese órgano se dispone a tomar nuevas decisiones escandalosas. Esto incluye ampliar su alcance jurídico de manera unilateral. En violación del derecho internacional, ignora la inmunidad de los funcionarios del Estado”, dijo.
El ministro relacionó la orden de detención dictada por el CPI contra el presidente ruso con maquinaciones promovidas por sus “patrocinadores occidentales”.
La pasada semana el Ministerio de Interior de Rusia declaró en busca y captura al fiscal de la CPI que emitió la orden de arresto contra Putin, Karim Ahmad Khan.
Seguidamente, el tribunal de La Haya se mostró “profundamente preocupado” por lo que calificó como “medidas coercitivas injustificadas” de Rusia.
La CPI considera a Putin y también a la comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, “presuntos responsables” de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.
Por ese motivo, Putin ya no puede viajar al extranjero con libertad, ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.