Con el fin de fortalecer la administración pública y garantizar a los ciudadanos el otorgamiento de un servicio a la altura de las demandas sociales, el diputado Felipe de Jesús Hernández presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León
En la exposición de motivos, el legislador Felipe Hernández señaló que la Administración Pública es la base de todo Estado, ya que tiene entre sus principios conservar el orden social y garantizar el bienestar de las personas y sus propiedades.
“Es necesario y oportuno establecer determinados requisitos para ser designado como Titular de alguna de las dependencias señaladas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, tales como título profesional y experiencia profesional afines al campo correspondiente, entre otras, con el objeto de mejorar el funcionamiento de las dependencias públicas y que las decisiones que se tomen sean criterios establecidos por profesionales, con conocimientos y estudios académicos que respalden los mismos”, consideró el legislador.
“Para ser titular de las dependencias señaladas en el artículo 18 de esta Ley, se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, poseer al día la designación, título profesional y estudios académicos afines a la dependencia a la cual será designado, con antigüedad mínima de diez años, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.
“Tener un modo honesto de vivir y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión y haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación”.
Debiendo señalar que la anterior distinción positiva, es una práctica que se ha puesto en marcha en distintas Entidades, tales como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas, con el fin de fortalecer la Administración Pública y garantizarle a los ciudadanos el otorgamiento de un servicio a la altura de las demandas sociales.
La Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes será la encargada de estudiar la propuesta.
