03 de abril de 2024
Las élites tradicionales de Colombia encendieron otra vez sus sonoras alarmas luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenara la intervención de una de las empresas más poderosas del sector salud, considerado la joya de la corona de los banqueros del país.
Argumentando que sus cuentas no están claras y que va en aumento el descontento de sus usuarios, la prestadora de salud Sanitas quedó en manos de un interventor nombrado por la Superintendencia de Salud para -según se afirmó- evitar que en mediano plazo la empresa tenga que ser liquidada.
Con casi 6 millones de afiliados, Sanitas es la segunda empresa más grande del sector, después de Nueva Eps, también intervenida y actualmente operada por el Gobierno, en lo que la oposición y los gremios patronales no dudan en calificar como un proceso de “estatización” de los servicios públicos, al mejor estilo de lo que hizo el ex presidente Hugo Chávez en la vecina Venezuela.
Como suele suceder cada vez que Petro anuncia decisiones, el primero en pronunciarse sobre la intervención a Sanitas fue el expresidente Álvaro Uribe, quien calificó la medida de “autoritaria”: “A las buenas o a las malas parece ser el designio oficial para que la ciudadanía quede sin buenos aseguradores en salud y al final solamente se disponga de estatismo, burocratismo y politiquería. ¿Quién en el sector privado volverá a invertir para prestar servicios de salud?”, preguntó el ex mandatario (2002-2010).
Y como sucede siempre que Uribe lo interpela, Petro no tardó en responder por su medio favorito, los mensajes de X: “Ningún estatismo, estimado ex presidente Uribe: todas las clínicas, hospitales y consultorios que pagaba Sanitas con dineros públicos seguirán, sin intermediarios, siendo pagadas con dineros públicos, es decir, crecerán”, aseguro el jefe de Estado.
Pasado el medio día, la atención del público se trasladó al Senado de la República, en cuya comisión séptima se sometió a votación una proposición para archivar el proyecto de ley presentado hace más de un año por el gobierno con el fin de darle un vuelco al sector, a través de una audaz reforma cuyo eje era la eliminación de intermediarios financieros, la puesta en marcha de un ambicioso modelo de medicina preventiva y la ampliación de la cobertura de servicios a las áreas marginales de la periferia, en zonas rurales y urbanas.
Considerado como derrota del gobierno, el hundimiento de esta iniciativa -según la mayoría de analistas locales- obliga al presidente a buscar nuevos caminos para impedir que su paquete de reformas sociales naufrague en los inestables laberintos del poder legislativo.
De acuerdo con lo visto hasta hoy en los recitos del Senado y la Cámara de Representantes, las otras dos reformas bandera de Petro -pensional y laboral- podrían correr la misma mala suerte de la iniciativa sobre salud pues las mayorías legislativas de la oposición están apelando al viejo truco de impedir que haya quorum decisorio en los debates.
El pulso por la salud ha sacado a flote un nuevo tema de discusión que eriza aún más a los sectores tradicionales del empresariado y la política: la intención de impulsar una Asamblea Constituyente expresada por Petro hace un par de semanas, señal de que el jefe de Estado no se cruzará de brazos mientras ve cómo la actual institucionalidad le cierra el paso a reformas aplazadas por décadas.
