24 de abril de 2024
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley de Amparo, por 258 votos a favor y 213 en contra, para impedir que jueces y magistrados puedan dictar suspensiones con efectos generales, y que éstas únicamente sean válidas para los quejosos que recurran a dicha herramienta legal.
La modificación fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor, en el marco de una sesión de más de seis horas donde abundaron las descalificaciones e insultos entre oficialistas y opositores.
Durante la discusión, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) señaló que la bancada guinda en algún momento propondrá que la Cámara de Diputados o de Senadores “con dos terceras partes pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de una ley”, y que haya una “consulta anticipada” a ese mismo organismo “antes de dictar un dictamen”.
El encuentro dio inicio poco antes de las 12:30 de la tarde, cuando la diputada morenista Adriana Bustamante solicitó el voto de los legisladores a favor del dictamen, al argumentar que con él se busca evitar que el Poder Judicial siga haciendo un “uso arbitrario” del amparo para favorecer a “los intereses de la derecha”.
En respuesta, los diputados de oposición indicaron que votarían en contra de la iniciativa por considerar que significaría un “retroceso” con respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y porque representaba un acto de “venganza” del Ejecutivo federal por todas las iniciativas que la SCJN le ha echado abajo.
Asimismo, enfatizaron que al impedir que el otorgamiento de un amparo tenga efectos generales, y sólo los tenga para el particular que hace uso de dicha herramienta, se deja fuera de esa protección legal a los ciudadanos más pobres, quienes no pueden costearse a un abogado que los ayude a realizar dichos trámites.
En defensa del proyecto, los diputados oficialistas aseguraron que el objetivo del mismo es que el Poder Judicial “deje de extralimitarse en sus funciones” y frenar la “discrecionalidad” con la que actúan algunos jueces, a quienes acusó de querer invadir las atribuciones del Poder Legislativo.
