Los riesgos que ofrece el cambio climático y el reto de transformar una economía como la española hasta alcanzar los compromisos medioambientales comprometidos a nivel internacional, van a acarrear el despliegue de un conjunto de medidas a lo largo de los próximos años que van a provocar una profunda transformación en la actividad económica y social en los distintos sectores económicos de producción.
Esta transformación hacia una economía sostenible se va a cobrar una factura en forma de menor crecimiento, nuevas y adicionales tensiones inflacionistas, así como un incremento de la presión fiscal por la vía medioambiental y una pérdida de competitividad de aquellos sectores que no adopten con el suficiente impulso esta lucha contra el cambio climático.
Bajo la premisa y el convencimiento de que la comunidad científica considera que la península ibérica podría verse sensiblemente afectada por los riesgos físicos asociados al cambio climático, aunque de forma muy heterogénea por regiones, se impone el desarrollo e implementación de una estrategia ambiciosa de mitigación y de adaptación al cambio climático en España.
Según el capítulo 4 del Informe Anual del Banco de España, “la economía española ante el reto climático”, una de las principales medidas que se plantea es la necesidad de cambios fiscales que eleven la tributación de aquellas actividades más contaminante, o en otras palabras, el conocido ‘quien contamina paga’.
Ya el Código Técnico de la Edificación fija nuevas exigencias en la construcción de los edificios, con el objetivo que tengan un consumo reducido de energía. También el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno en octubre de 2020, ya propone destinar a la transición ecológica el 39% de los recursos que España podría recibir a través del programa europeo Next Generation EU.
Según el modelo CATS (Carbon Tax Sectorial model) que el Banco de España usa para la generación de escenarios de estrés climático de medio plazo, de los distintos sectores productivos, ante un aumento en el precio de los derechos de emisión, los efectos pueden ser apreciables en el PIB.
Así para un aumento del precio de los derechos de emisión similar al observado en los últimos años, que ha pasado desde los 25 euros por tonelada de CO2 en 2019 a cerca de 100 por tonelada de febrero de 2022, se traduciría en una reducción del PIB del 0,6% al cabo de tres años, que se incrementaría hasta el 1,3% en el caso de que se incluyeran, como se prevé, las emisiones de otros sectores productivos dentro del sistema europeo de comercio de emisiones que ahora no se contemplan. Este sería el caso de las emisiones asociadas al transporte marítimo, por carretera y el sector de la construcción de edificios.
Los datos de Eurostat de 2019 muestran que la actividad de los hogares, especialmente, la relacionada con el transporte y la calefacción, fue responsable de un 20,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España. El resto de las emisiones se originaron en el sector productivo. Las manufacturas, la agricultura, el transporte y el suministro de energía eléctrica y de gas, sectores que representan aproximadamente el 25% del valor añadido bruto (VAB) de la economía, supusieron cerca del 70% de las emisiones de GEI.
Según una encuesta realizada por el Banco de España al sector empresarial sobre las implicaciones que supondría el cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible, arroja como resultado que el 35% de las empresas esperaban que el impacto del desafío sobre su actividad fuera muy negativo (10%) o moderadamente negativo (25%). En términos generales, aquellas compañías que desarrollan su actividad en aquellos sectores con mayores emisiones contaminantes, son las que lo ven más negro.
El tamaño también es una variable determinante a la hora de analizar el impacto de la adopción de medidas medioambientales. Las empresas de menor tamaño son las que están peor preparadas ante los desafíos climáticos. Pero, sin embargo, la principal preocupación que evidencian las compañías de cara a la consecución de una economía menos contaminante, son las eventuales presiones inflacionistas derivadas del proceso.
Según el trabajo del Banco de España una parte de la inflación reciente podría deberse a la transición climática en curso, en la medida en que ha estado parcialmente asociada a la escasez de suministros producida por el cierre de algunas fábricas muy contaminantes en China, a la mayor demanda de gas al acelerarse el abandono del carbón en el mix energético y a incrementos muy fuertes en los precios de determinadas materias primas, como el litio, para la fabricación de baterías.
