La industria en Nuevo León esta en alerta ante la iniciativa de modificación a la Ley del Sistema Eléctrico, evalúan las consecuencias negativas a la certidumbre y al crecimiento que sucederán de aprobarse los términos.
Tal iniciativa, que busca legitimar los cambios que desde el año pasado la Secretaría de Energía ha realizado sin seguir el marco jurídico vigente, afectará de forma significativa la inversión en el sector, incrementará las tarifas del sector eléctrico, mermará las condiciones de competencia e incrementará la contaminación en el país.
La propuesta complicaría cumplir con las metas de generación de energías limpias suscritas por México en el Acuerdo de París, así como rompe el criterio de despacho económico de las fuentes de energía (donde hoy tienen preferencia las energías más eficientes en costo en beneficio de hogares y sectores productivos). Igualmente, al eliminar las subastas suprimiría la competencia y restaría eficiencia al sistema eléctrico nacional, así como aumenta el clima de incertidumbre al considerar la potencial revisión de todos los permisos ya otorgados con anterioridad de generación de electricidad.
La Secretaría de Energía ha intentado por diversos caminos retirar a las energías renovables de la matriz de generación de energía en el país. El primer intento fue en mayo de 2020 a través de la Política de Confiabilidad publicada por esta dependencia, así como otros instrumentos, de los cuales existen varios amparos. Posterior a ello, con el Acuerdo 037 emitido por la Comisión Reguladora de Energía, en el cual se modifica la metodología para Contratos Legados de Suministro Básico.
A reserva de realizar un mayor análisis de la iniciativa, los industriales alertan lo siguiente:
• Se reduce la competencia en el sector al dar prioridad en el sistema eléctrico a las plantas de CFE, con los mayores costos de generación actualmente en el país; así dejar hasta al final a las plantas de energías renovables, como de privados. Con esta medida, la CFE ejercería un poder de mercado, del cual pueden generarse abusos.
• Se incrementarían las tarifas del sector para empresas y consumidores finales. Al dar prioridad a la CFE, con ello las ineficiencias en la producción de plantas obsoletas de la paraestatal o que utilizan combustibles no renovables trasladarían sus costos de operación a los usuarios. Actualmente, las tarifas eléctricas en México para una mediana empresa son un 68% más altas que en Estados Unidos, de aprobarse la iniciativa, la brecha podría aumentar.
• Se vulnera el derecho de la población a un medio ambiente sano. Al modificar el mecanismo de asignación de Certificados de Energías Limpias y al retirar a estas plantas de generación de la matriz, las metas establecidas de generación con energías limpias serán difíciles de alcanzar. Con base en el último documento del PRODESEN 2020 – 2024, México ha alcanzado un 25.48% de generación de electricidad con energías limpias en el 2020, lejos aún de la meta del 30% para este año y difícil de alcanzar con estos cambios al marco jurídico.
• Se incrementa la incertidumbre en el país al mandatar a la CRE para revocar los permisos de autobastecimiento que hayan sido obtenidos de forma ilegal, sin aclarar cuáles son esos casos.
