El Pleno de la Comisión de Transparencia aprobó la verificación del primer trimestre del 2019 de las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La 27 Sesión Ordinaria fue encabezada por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, por las Comisionadas Vocales, María de los Ángeles Guzmán García y María Teresa Treviño Fernández
Así como por los Comisionados Vocales Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y Francisco Guajardo Martínez.
“Lo que se puso a consideración del Pleno fue la aprobación de las obligaciones de transparencia correspondientes al primer trimestre del 2019 (enero a marzo)”, explicó Sierra Gómez.
“En el primer trimestre, los sujetos obligados que obtuvieron una calificación de 100 fueron 21, en el rango de 70 a 99 fueron 98 y calificación de 0 a 69 fueron 67 sujetos obligados”.
Informó que se verificaron un total 186 sujetos.
Algunas de las fallas corresponden a que las autoridades no actualizan información, la falta de información no es justificada en notas, no generan hipervínculos que les pide el formato y no suben formatos.
“En el caso de los municipios rurales COTAI ha llevado acciones de capacitación, se acudió a municipios sedes para mayor alcance, llevando ejercicios básicos prácticos de carga de información y se levantó un diagnóstico en el que se advierte que el personal no conocía los temas debido a que no siempre iban los mismos, ya sea por rotación de personal o cambio de administración”, dijo.
Sierra Gómez informó que continuaran abriendo jornadas de capacitación en materia de llenado de formatos de forma práctica dentro de la Comisión.
“Bajo calendario y previa inscripción de tres horas por sujeto obligados, brindándoles atención personalizada por parte de la Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia”, precisó.
Durante la sesión del Pleno también se aprobaron 13 resoluciones correspondientes a 26 expedientes y la propuesta para enviar una invitación a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de que se lleve a cabo una sesión de dicha Comisión.
Aprueban recomendaciones para ICV
En el Pleno, las comisionadas y comisionados aprobaron una serie de medidas que debe aplicar el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León (ICV) en el tratamiento de datos personales.
“Hace un mes y medio, el Instituto de Control Vehicular con la finalidad de llevar a cabo un plan de concientización empezó una practica en estacionamientos privados del área metropolitana, en este caso Monterrey, estuvo colocando algunas calcas en las cuales establecía sí habías cumplido con el pago del refrendo”, recordó.
“En ese sentido, la Comisión y en base a sus atribuciones determinó iniciar una investigación para ver posibles violaciones al tratamiento de datos personales por parte del Instituto de Control Vehicular y se dieron facultades a la Dirección de Datos Personales a fin de iniciar una investigación”.
Dentro del proceso, COTAI solicitó información al sujeto obligado y se encontraron elementos para poder iniciar el procedimiento de verificación, se hicieron ciertos requerimientos, visitas al ICV para revisar las bases de datos y ver el tratamiento de datos personales en poder del sujeto obligado.
“Se determinó que evidentemente le ICV incumplió con ciertos principios como de finalidad, consentimiento, información y de licitud en materia de datos personales y de ahí que se hace la propuesta al Pleno para hacer una serie de recomendaciones e instrucciones para que adopte ciertas medidas”, explicó.
Entre ellas, destacó Sierra Gómez, el sujeto obligado debe hacer uso de las bases de datos que obran en su poder sujetándose a las atribuciones y facultades que su
marco normativo le confiere esto en base al principio de finalidad para la cual está recaba la información.
También se le exhortó al responsable para que realice el tratamiento de datos personales contando con el consentimiento de los titulares y el tercero, se instruye al sujeto obligado emita de nueva cuenta los avisos de privacidad en la modalidad simplifica e integral correspondientes a las áreas que recaba datos personales.
Por último, se instruye al sujeto obligado a tratar los datos personales de los titulares con apego y en cumplimiento a lo establecido a sus atribuciones.
“Una vez que la Comisión notifique al sujeto obligado tiene 10 días hábiles para dar cumplimiento ha está resolución y en caso de que la autoridad no la acate el Pleno puede aplicar una amonestación pública o una multa equivalente a 150 hasta mil 50 veces lo que es la UMA, que asciende aproximadamente de 12 mil a 126 mil pesos, en el caso de que el sujeto obligado no cumpla con la resolución la Comisión”, detalló.
Informan avances sobre información del dron
Sobre el procedimiento en relación a la compra del dron, Sierra Gómez recordó que el Congreso solicitó información sobre su costo, si fue una adjudicación directa, la fecha de liquidación y las partidas presupuestales con las que se adquirió, estos dos últimos quedaron pendientes.
“En lo referente a la adquisición de la aeronave se informó dentro del cumplimiento de la resolución quedando por resolver el tema de la partida presupuestal, pero en este punto en específico la autoridad publicó cierta información que no estaba dando un valor para la sociedad, ya que se dio una serie alfanumérica de la cual no se desprendía de que partida presupuestal correspondía”, explicó.
“El día de ayer en su página de Internet, el Gobierno del Estado publicó dicha información y se menciona: la descripción de la Partida Presupuestal corresponde a la asignada en el Ejercicio 2018 de la Secretaría General de Gobierno, particularmente a la oficina del Secretario General de Gobierno, correspondiente al programa FASP (Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de justicia), el tipo de Gasto es de Capital y la Fuente de Financiamiento corresponde a Recursos Fiscales (Recursos Estatales)”.
Sierra Gómez agregó que se describe de manera puntual sobre la partida a la que corresponde esos recursos, lo cual pueden dar mayores elementos para los interesados, quienes en caso de alguna duda tienen posibilidad de ampliar su solicitud de información.
“Lo que sigue por parte de la Ponencia es determinar si con esta información se tiene por cumplida la resolución y darle vista a los denunciantes para que expresen su opinión”, explicó.
