La Cámara de Diputados aprobó definir la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, en términos del Estatuto de Roma, e incluyó penas económicas y de prisión a quienes sustraigan o se apropien de menores hijos de personas víctimas de aquel delito.
En la reforma, que se aprobó por 470 votos de todos los partidos y que se envió al Senado, la cámara también modificó el Código de Justicia Militar, para definir que en caso de que la desaparición forzada sea cometida por integrantes de las fuerzas armadas, no aplicará el fuero militar.
La modificación incluye cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para determinar que incluye en el delito “la persona o grupo de personas” que priven de la libertad a otra y se nieguen a reconocer el delito o el paradero de los desaparecidos, con objeto de sustraerlos de la protección de la ley.
Además, se prevé que los superiores jerárquicos serán considerados autores de desaparición forzada, si conocen que fue cometido por un subordinado y no ejercieron controles efectivos o no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables para prevenir o impedir el ilícito.
