Este miércoles, en el municipio José Joaquín de Herrera, Guerrero, México, cinco niñas y 15 niños de entre 11 y 15 años fueron integrados a un operativo de búsqueda organizado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Su participación incluyó el manejo de armas, desde rifles calibre 22 hasta escopetas, con algunos jóvenes utilizando carrizos a modo de simulación.
La CRAC-PF, en la comunidad indígena Ayahualtempa, tomó la decisión ante la creciente violencia en la región, especialmente atribuida al grupo delictivo Los Ardillos. La participación infantil se dio tras la desaparición de una familia el pasado 19 de enero, y se les capacitó en el manejo de armas como parte de un operativo de búsqueda y vigilancia.
La comunidad, compuesta por cerca de 1,000 personas de origen nahua, exigió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado para localizar a la familia secuestrada. La familia afectada está compuesta por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años.
En paralelo, en Ayahualtempa, 120 niños, con edades entre 8 y 14 años, forman parte de la Policía comunitaria desde abril de 2021, aunque su participación incluye labores de reserva y aún no cubren guardias regulares. La situación en la comunidad se ha vuelto tensa, con el miedo generalizado debido a desapariciones y asesinatos atribuidos a “Los Ardillos”.
La comunidad de Ayahualtempa exige la desaparición de la Policía Municipal y solicita la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército para brindar seguridad. Además, demandan mejoras educativas, incluyendo la presencia de maestros en la primaria y la apertura de una secundaria en la comunidad.
En respuesta, el gobierno de Guerrero rechaza la participación de menores en las Policías comunitarias y asegura trabajar en un proceso de reconversión que presentarán a las comunidades. Respecto a la petición de la Guardia Nacional, aún no hay respuesta oficial. La comunidad advierte que realizará una marcha y bloqueo el 24 de febrero si no se atienden sus demandas.
